Juzgan en Santiago a una banda criminal nigeriana por tráfico de personas y prostitución forzada

Siete individuos se enfrentan a cargos por explotar a sus compatriotas

Los obligaban a saldar una supuesta deuda a través de explotación sexual y mendicidad

Las penas solicitadas van desde 13 hasta 6 años de cárcel

Las víctimas eran captadas en Nigeria y obligadas a prostituirse bajo amenazas de violencia

Las víctimas eran captadas en Nigeria y obligadas a prostituirse bajo amenazas de violencia / Policía Nacional

La Audiencia Provincial de A Coruña, con sede en Santiago, será escenario del juicio a una banda nigeriana acusada de traer personas a Galicia ilegalmente para someterlas a prostitución y mendicidad. Siete individuos enfrentarán cargos por orquestar un esquema siniestro que obligaba a sus compatriotas a saldar una supuesta deuda a través de explotación sexual y mendicidad.

Los acusados, con lazos familiares y amistosos, han orquestado una operación lucrativa dedicada a fomentar la migración irregular desde Nigeria, proporcionando documentos falsos, alojamiento, comida y transporte. Una vez en España, las víctimas eran coaccionadas bajo amenaza de violencia contra sus familias en Nigeria.

Una testigo protegida que acabó un club en Santiago

Una de las víctimas, una testigo protegida, llegó a Europa en 2016 en una balsa y fue trasladada a España por tierra. Después de llegar a Madrid, el grupo la obligó a contraer una deuda de 25.000 euros, argumentando que su única salida era la prostitución. Utilizaron el miedo, incluida la amenaza hacia la abuela de la víctima en Nigeria, para controlarla.

La mujer fue trasladada a A Coruña y luego a Santiago, donde fue forzada a ejercer la prostitución en clubes locales. Durante los registros posteriores a la denuncia, la policía encontró a dos ciudadanos nigerianos en situación irregular, quienes también habían contraído deudas con los acusados y estaban siendo explotados.

El Ministerio Público considera los hechos como tráfico de personas, explotación sexual, integración en grupo criminal, estafa y falsificación de documentos. Las penas solicitadas van desde 13 hasta 6 años de cárcel. El juicio por este nuevo capítulo de explotación y terror humano se celebrará a lo largo de la próxima semana en la capital gallega.