“Santiago es una ciudad tranquila, con algún delito de gran repercusión, pero no la convierte en una sociedad peligrosa”

Acaba de tomar las riendas del ministerio público en Santiago, una sede que conoce a la perfección tras tres décadas como fiscal, en un nuevo reto en el que sus grandes apuestas pasan por combatir los delitos contra la libertad sexual y el cibercrimen, además de desatascar el colapso en el sistema judicial.

En su primera semana como fiscal jefe de Santiago, ¿cómo está siendo esta toma de contacto?

He estado casi seis años fuera con un proyecto de la Unión Europea de lucha contra el crimen organizado en América, pero llevo como fiscal treinta años. Ha supuesto un cambio tremendo porque se trataba de detectar los problemas de la región en macro, perseguir grandes delitos, y es algo que contrasta con mi misión actual. Pero es una plantilla que se conoce desde hace mucho.

Y usted también la conocía...

Sí, desde luego. Muchos prepararon la oposición conmigo, a otros les conozco desde muy jovencitos. Es una plantilla muy profesional, dentro de la que siempre ha habido muy buen ambiente, muy colaborativo. Esta primera semana es una continuación de lo anterior, dentro de una Fiscalía que en general es muy asamblearia, muy horizontal. Es fácil trabajar porque todo el mundo opina y se siente involucrado.

Está preocupado por el aumento de los delitos contra la libertad sexual. ¿A qué cree que se debe?

El paréntesis fuera de Galicia, en un terreno desconocido y muy amplio, seguramente supuso que al volver notara más el contraste, primero porque la realidad se había transformado. Antes los delitos con tecnologías eran muy residuales y exigían una especialización, y ahora son muy frecuentes. Y aunque la sociedad compostelana vive en una ciudad ideal en el sentido de que es una sociedad tranquilísima, con un número de delitos muy bajo, dentro de ellos están los sexuales, y me ha llamado la atención las acusaciones y procedimientos que hay en los juzgados. En el último año hemos visto que con los denunciados en la pandemia y que tienen cierta complejidad porque hay que tratar a los testigos, analizar la huella psicológica del delito cometido, ha aumentado notablemente el número de acusaciones del fiscal por delitos de esta naturaleza.

¿Hay más casos o denuncias?

Responder a eso es complejo, pero ahora se denuncia con más facilidad y se persiguen más este tipo de delitos. Es verdad que hay un protocolo que ha impulsado mucho el juzgado de instrucción número 1 y tenemos muy claro cómo trabajarlo. Hay una sensibilidad social mayor en determinadas conductas, y seguramente hay otras circunstancias más profundas, pero tampoco me atrevo a entrar en ello ahora. En violencia de género, hace años se denunciaban muy pocos casos, eran muy residuales y hoy ya no es así.

La petición de un juzgado específico de violencia de género es una vieja demanda. ¿Qué supondría para la protección de las víctimas?

La protección no debería cambiar. Yo creo que hay una cuestión general que hay que abordar y es potenciar una mayor especialización, el sistema procesal en su conjunto está muy superado. En general, son los fiscales y la Policía los que tienen mayor capacidad de especializarse.

¿Especialización para qué?

Cuantos más órganos judiciales y más especializados, mejor. La instrucción judicial de determinadas materias puede potenciar una mayor protección, pero es una medida que hay que equilibrar porque hay juzgados y abogados en otros sitios, hay que ver cómo se ejecuta.

Ciberdelincuencia y agresiones sexuales, retos del nuevo fiscal jefe de Santiago Antonio Roma

Otro de sus retos pasa por la lucha contra la ciberdelincuencia, ¿con qué herramientas?

El concepto de cibercrimen es amplísimo, no hay una única forma delictiva. La pornografía infantil no es lo mismo que una estafa informática. A veces un delito de pornografía infantil consiste en la creación e intercambio de imágenes, y en esta jurisdicción hemos tenido alguno gordo hace relativamente poco. Son delitos que se pueden cometer en cualquier lugar y con conexiones en cualquier parte del mundo, y hay que detectar de dónde salen.

Los ciberdelincuentes parecen ir siempre muy por delante...

Es muy complicado, vamos llegando siempre tarde, y requiere una especialización muy profunda y una cooperación internacional muy reforzada. En España estamos llegando a este punto.

¿Y en Santiago?

Aquí vemos las pequeñas estafas, a través de plataformas operando en España y que abren aquí sus cuentas corrientes, con lo que aunque al principio hacía falta una especialización, ahora es relativamente simple investigar a dónde se ha ido el dinero. En las comisarías, en las unidades de la Guardia Civil, hay personas que saben cómo investigar y estamos llegando a un número importante de pequeñas estafas en las que la gente cae con errores que a veces son muy evidentes, pero somos muy vulnerables.

‘Sextorsiones’ a particulares y fraudes a pymes hacen repuntar la cibercriminalidad en Galicia

¿Qué opina sobre la sensación de que la justicia es lenta?

Yo no tengo esa percepción. Es verdad que acumulamos retrasos porque hemos tenido una pandemia, ha habido varias huelgas, ahora la de los abogados de oficio -que ojalá que se resuelva de manera satisfactoria para todo el mundo-, y todo eso está incidiendo en esta situación. Todos somos conscientes del retraso en la celebración de los juicios, y creo que entre todos vamos a encontrar cómo resolverlo.

¿Es uno de sus retos?

Es importante trabajar en esto y encontrar la fórmula de desatascar la situación actual, pero repito, Santiago es una ciudad segura.

Sucesos más o menos recientes han hecho saltar las alarmas.

Son hechos puntuales, hemos tenido algunos homicidios muy conocidos por la opinión pública, un conjunto de delitos con una repercusión social importante, pero no nos convierte en una sociedad peligrosa, no hay un número elevado de robos con intimidación ni de asaltos callejeros, son sucesos puntuales en una ciudad tranquila.

Roban en una joyería de Santiago tras romper el cristal con una tapa de alcantarilla: "Los autores están identificados"

¿Qué supusieron para usted algunos de esos casos de gran repercusión como el del Alvia, Asunta o el robo del Códice?

Es un aprendizaje profesional y personal, y no solo en esos, también en el de Ramón Sampedro o el de mayor tráfico de bienes culturales de todo el mundo, o de trata de seres, y siempre ha sido un aprendizaje tremendo. Algunos me siguen condicionando personalmente.

¿Cómo se abstrae un fiscal de toda esa presión mediática?

Nuestro deber profesional como fiscales es olvidarnos de que hay un mundo exterior y trabajar dando la solución que dice la ley, con una interpretación que debes hacer desde la mayor honestidad. A veces son decisiones dolorosas, pueden ser populares o no, pero nuestra obligación es dar la solución que ofrece el ordenamiento jurídico.

La figura del fiscal parece estar bastante comprometida.

Nos debemos a la sociedad en su conjunto, no tenemos un jefe o un cliente. Tenemos que ser eficaces, propositivos, sensibles e intentar llegar, y a veces lo conseguimos y otras no. Tenemos un deber ético de formar y dar transparencia, y un deber jurídico de trasladar a la opinión pública nuestra actuación de manera abierta y propositiva.

¿Quizás se deba a un exceso de protagonismo a nivel mediático?

No. A veces hay circunstancias en las que aparecemos más o se nos requiere nuestra opinión, es algo cíclico. Nosotros jugamos en el terreno estrictamente jurídico y nuestras opiniones son jurídicas. Tenemos que convivir con todas las presiones y forma parte de nuestro entrenamiento, somos muy conscientes de que estamos en la opinión pública.

Suscríbete para seguir leyendo