Solo 15 edificios de más de 50 años han pasado la ‘ITV’ obligatoria en Santiago con el plazo a punto de vencer

Se acaba el tiempo y el parque inmobiliario más antiguo de Santiago está a punto de entrar en territorio desconocido. Según los datos que maneja la Consellería de Vivenda de la Xunta, solo 15 edificios de la ciudad de más de 50 años cuentan con el informe de evaluación, una especie de ‘ITV’ obligatoria que debían pasar los inmuebles de uso residencial de vivienda colectiva antes del 20 de mayo y que certifica que se encuentran en un estado idóneo desde el punto de vista de la conservación, la accesibilidad o la eficiencia energética. Fuentes del Concello indican a este diario que el número de construcciones afectadas por esta normativa en la ciudad son un total de 9.671, con lo que la inmensa mayoría no cumpliría el trámite en el tiempo establecido. 

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Por su parte, fuentes de Vivenda aclaran que la norma indica que, una vez redactado el informe, debe presentarse en el municipio en que se encuentra el inmueble. Posteriormente, es el concello el encargado de su inscripción en el registro autonómico. Por ello, señalan que sus datos corresponden a las inscripciones ya realizadas y “non temos información sobre o número de informes que xa están presentados nos concellos e que estean en trámite”. 

En cualquier caso, “la gran mayoría van a quedar pendientes”, según explica la presidenta del Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia (Coafga), Teresa Suárez. Por su parte, el presidente de la delegación de Santiago del Colegio Oficial de Arquitectos de Galicia, Ángel Cid, comparte la idea de que “son moitos os edificios que hai que revisar e a xente entra nestas cousas pouco a pouco, co cal vai haber moitos que van quedar pendentes cando venza o prazo, pero irán incorporándose”. Los inmuebles que cumplan 50 años después de la entrada en vigor de la norma tendrán un año para completar el proceso desde el momento en que lleguen al medio siglo.

No hay más prórrogas

En total, en la comunidad gallega se estima que deben pasar este trámite casi 120.000 inmuebles y los datos de la Xunta señalan que solo lo han hecho 3.490 hasta el momento. Tras entrar en vigor la normativa y ante la imposibilidad de cumplir el plazo inicial, se concedió una prórroga que vence el día 20 y que, a la vista de los resultados, no ha sido suficiente. Como consecuencia, aquellos que no hayan pasado la inspección se exponen a una sanción que deben aplicar los municipios y que oscila entre los 300 y los 6.000 euros, a la que se podrá añadir como mínimo el 2 por ciento del valor del inmueble, según contempla la legislación.

La Xunta aclará que concedió la primera prórroga para obtener el informe porque “procurou desde o primeiro momento facilitar os traballos”. Ante las peticiones de algunos colectivos y la abrumadora cantidad de edificios sin el informe favorable, ahora ha decidido no conceder una segunda. “Esta vez dijeron que no podemos seguir haciendo ampliaciones y que no nos lleven a ningún sitio”, indica Suárez. Ángel Cid considera que “hai que pensar se ten sentido seguir demorando a situación con prórrogas. Temos que ser conscientes do que hai”. 

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Proceso largo

Ante la certeza de incumplir el plazo y con el objetivo de evitar las sanciones, la presidenta del Coafga señala que “en nuestras comunidades estamos aprobando los presupuestos de los técnicos para que hagan la inspección técnica del edificio y antes de que venza el plazo, comunicaremos que lo tenemos contratado, pero es materialmente imposible que los técnicos hagan las evaluaciones en los días que nos quedan”. Así, cree que “previsiblemente, una vez que tú adquieres el compromiso con el Concello de que ya la tienes en marcha, supongo que no iniciarán ningún expediente sancionador”. 

Suárez explica que el proceso aún será largo porque del informe de los técnicos “se van a derivar deficiencias, teniendo en cuenta el mal mantenimiento de todo el parque inmobiliario”. En ese caso, la comunidad deberá pedir presupuestos para arreglarlas, convocar una junta y acordar la recaudación del dinero. “Para las comunidades es un trastorno”, remarca Suárez, con el problema añadido de la escasez de empresas que realicen este tipo de trabajos. “Muchas empresas lo que hacen es pasar un presupuesto de máximos, porque la mayoría de las veces tampoco tienen tiempo ni de ver el trabajo que tendrían que hacer”, revela. 

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Una vez aprobado el presupuesto, reunido el dinero y ejecutada la obra, “tiene que volver el técnico a confirmar que se han ejecutado correctamente y pasarle al ayuntamiento el visto bueno definitivo. Todos estos pasos son claramente complicados”, añade Suárez. A mayores, apunta que hay que tener en cuenta que las comunidades que se autogestionan “tampoco tienen acceso a toda la información, y están con la idea de que mientras el ayuntamiento no me requiera, no tengo nada que hacer, cosa que no es así”.

Cultura del mantenimiento

A pesar de las dificultades que está causando la normativa, Cid entiende que su espíritu es “implantar unha cultura do mantemento para que a xente tome conciencia da necesidade de coidar os edificios máis alá das reparacións extremas que se precisen”. De esta manera, destaca que “ao final é máis barato ir mantendo adecuadamente os edificios e parécenos axeitado que as comunidades vaian tendo un coñecemento do grao de eficiencia enerxética que teñen e que medidas poden tomar para melloralo, ou que teñan unha diagnose das patoloxías que poden estar latentes”.

Los inmuebles de más de medio siglo “foron construídos con solucións precarias nun momento de expansión, cun custe baixo e é bo que a sociedade tome conciencia”. El presidente de los arquitectos santiagueses incide en que “ é mellor ser conscientes do que temos, manexalo correctamente e ir actuando paulatinamente antes de que se deteriore”. En esta línea, insiste en que “unha reparación dun problema incipiente é máis sinxela e máis barata que cando se desata o problema e hai que intervir de maneira máis profunda”.

Asimismo, más allá del cumplimiento de los plazos, Cid apela a la responsabilidad ante los daños que pueda causar a terceros un elemento en mal estado, como un balcón o una fachada de donde puedan desprenderse materiales. “Hai que ir implantando esa cultura do mantemento, porque parece que construímos os edificios e ata que rebenten non se fai nada”, concluye. 

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