Asociaciones inmobiliarias rechazan la petición de Santiago para ser declarada zona de alquiler tensionado

Santiago quiere que la Xunta declare a la ciudad en su conjunto o alguno de sus barrios como zona de alquiler tensionado. La medida, prevista por la Ley de Vivienda, permite limitar la subida del precio de los alquileres, que en Compostela se ha disparado en más del 26,6% en cinco años. El anuncio, adelantado por EL CORREO GALLEGO este fin de semana, se ha encontrado con la oposición de varias asociaciones del sector inmobiliario. Advierten que este tipo de medidas podrían reducir el parque de alquiler.

Santiago pedirá a la Xunta la declaración de zona tensionada para limitar la subida de los alquileres

El comunicado lo firman el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia de La Coruña, el Colegio Oficial de Administradores de Fincas de Galicia, el Colegio Oficial de la Arquitectura Técnica de A Coruña y la Asociación Provincial de Promotores Inmobiliarios de La Coruña. Las cuatro entidades consideran que tanto Santiago, como A Coruña -que también ha solicitado a la Xunta que declare zona de alquiler tensionado- deben de realizar "un ponderado análisis de las circunstancias concurrentes en cada localidad y cada barrio y, muy especialmente, de los posibles efectos negativos que esa declaración puede suponer para dichas ciudades". Recuerdan que "la limitación de las rentas y el alargamiento de los plazos de los contratos, ya existieron en épocas pasadas y su principal consecuencia todavía es visible hoy día: un parque de alquiler muy reducido, muy poco profesionalizado, sobre viviendas en bastante mal estado en muchos casos, y, como consecuencia de todo ello, sometido a enormes tensiones en los precios y en los plazos".

La ley de Vivienda les da competencias a las comunidades autónomas para que declaren como zonas de alquiler tensionado a aquellos ámbitos territoriales donde exista un especial riesgo por oferta insuficiente de vivienda para la población. La Xunta, por el momento, ya se ha manifestado en contra a declararlas. En estas zonas podrá establecerse un tope a los precios del arrendamiento. El Concello de Santiago recuerda que en el municipio el precio medio del alquiler aumentó un 26,6% entre 2017 y 2022. En agosto de este año un arrendamiento medio en la ciudad alcanzó los 554,5 euros frente a los 517 de 2022. Cinco años atrás la cifra se situaba en 408,7 euros. En la capital gallega, según la estimación realizada por Atlas Real Estate Analytics, hasta el 82% de los hogares cumple los requisitos que establece la nueva ley para ser declarada una zona tensionada.

La alcaldesa Goretti Sanmartín recalcó esta mañana que "está claro es que hay un problema de vivienda en Santiago y queremos que eso sea tratado". Sanmartín prefirió no valorar el comunicado remitido por las asociaciones inmobiliarias hasta mantener una reunión en persona con los representantes del sector. "La intención es solicitar la zona de alquiler tensionado, pero queremos hablar con los sectores afectados y mirarlo desde el punto de vista interno", insistió. La regidora explicó que van a estudiar detenidamente la medida y que ya no se pidió en el primer encuentro con el presidente de la Xunta precisamente "porque había que caminar" sobre el tema.

Las inmobiliarias empiezan a colgar el cartel de que no quedan pisos en alquiler en Santiago

Para las cuatro asociaciones inmobiliarias el incremento de la oferta de vivienda en alquiler no pasa por limitar los precios. "Partiendo de que más del 90% del mercado de vivienda en alquiler está en manos de pequeños propietarios o familias, debe dotarse a los propietarios de la necesaria seguridad jurídica y económica (por ejemplo, con seguros de impago y de destrozos en las viviendas), agilizando la recuperación de las viviendas en caso de falta de pago y garantizando el normal desarrollo de los contratos de alquiler". En su opinión, con ello se conseguiría "la inmediata puesta en el mercado de las viviendas vacías, con la rehabilitación de las que no reúnan, hoy en día, las condiciones necesarias de accesibilidad y habitabilidad". Asimismo, se pide que los Ayuntamientos liberen suelo público para la construcción de vivienda en alquiler asequible, la agilización de las licencias para la construcción de viviendas que ampliaría el parque inmobiliario residencial así como más ayudas para la rehabilitación. "Las cuatro entidades se ofrecen a colaborar, como siempre han hecho, con las distintas Administraciones Públicas para conseguir estos objetivos, de modo que, entre todos, se consiga limitar la espiral alcista de los precios de las viviendas, tanto en venta como en alquiler", termina el comunicado.