Nueva vuelta de hoja a las oposiciones en 2024: se introducen más cambios

La reciente aprobación de la Ley de Función Pública ha traído consigo una serie de transformaciones significativas tanto para los funcionarios en ejercicio como para aquellos que aspiran a formar parte de la Administración General del Estado.

Uno de los cambios más destacados es la implementación de evaluaciones por desempeño y la introducción de nuevos complementos salariales. Sin embargo, es en el ámbito de las oposiciones donde se vislumbran reformas sustanciales con el objetivo de agilizar los procesos selectivos.

Las modificaciones de las oposiciones

La agilización de las Ofertas de Empleo Público (OPE) constituye uno de los principales focos de la nueva normativa. A partir de 2024, las plazas deberán convocarse en el mismo año en que se anunció la oferta pública, reduciendo así los plazos de espera para los opositores. Se establece un límite de dos años para la ejecución de la convocatoria, garantizando una cobertura más rápida de las plazas disponibles. Además, la Ley prohíbe que el proceso de oposición se extienda por más de un año, asegurando una mayor eficiencia en las pruebas selectivas.

Otra innovación significativa es la posibilidad de volver a convocar plazas que no hayan sido cubiertas en la ejecución de la convocatoria, siempre y cuando no hayan transcurrido más de tres años desde la publicación de la oferta pública de empleo. Este enfoque flexible permite adaptar las convocatorias a las necesidades cambiantes de la Administración.

En el ámbito de las pruebas selectivas, la Ley busca una mayor practicidad al centrarse en las funciones y tareas específicas asociadas a los puestos de trabajo ofertados. Se promueve la territorialización en la oferta de plazas para adecuar las oposiciones a las características y necesidades específicas de cada región.