Sumar debate si dar la batalla para estrangular económicamente a Podemos o rehuir otra batalla en la izquierda

Sumar sopesa las próximas batallas en su tortuosa relación con Podemos tras la salida de sus cinco diputados del grupo parlamentario. Los de Yolanda Díaz valoran los siguientes pasos y se debaten ahora entre abrir los cauces legales para privar al partido de Ione Belarra de los recursos económicos que reciben por el acuerdo de coalición -un acuerdo ya roto-; o si, por el contrario, evitar una nueva guerra a la izquierda del PSOE. Una guerra que podría desestabilizar aún más una legislatura de mayorías endiabladas y que condenaría definitivamente a la fragmentación del espacio progresista en las próximas citas electorales.

Sumar estudia acciones contra Podemos tras su ruptura en el Congreso y les acusa de transfuguismo

El portavoz de Sumar y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, abrió este lunes la puerta a iniciar acciones contra Podemos y fuentes de la coalición plantearon la posibilidad de denunciar a los cinco diputados morados ante la Comisión de seguimiento del Pacto Antitransfuguismo para considerar tránsfugas a los dirigentes.

"El pacto antitransfuguismo, aprobado en noviembre de 2020, establece de una manera muy clara la definición de lo que es transfuguismo, que es cuando una persona se presenta en una coalición la abandona sin ceder el escaño", defendió. "Lo dice el acuerdo que suscribieron todos los partidos, incluido Podemos".

"Beneficiarse de la situación"

Preguntado directamente sobre la consideración de tránsfugas de los dirigentes de Podemos, Urtasun respondió afirmativamente asegurando que "nuestra opinión es clara", aunque evitó pedir el acta a los cinco diputados, al menos de manera directa.

"Es evidente que el transfuguismo no puede ser premiado, en el sentido de que el pacto anti transfuguismo precisamente fue creado para que nadie pudiera beneficiarse de una situación así", expresó Urtasun. "Sobre las acciones que se lleven a cabo, lo estamos estudiando, lo decidiremos en los próximos días, pero el espíritu y la letra que establece el pacto antitransfuguismo son claros".

En Podemos se apresuraron a rechazar esta acusación alegando que hay una "diferencia entre una persona aislada que desacata las directrices y una organización entera" que decide abandonar un grupo parlamentario, según explicó su portavoz, Pablo Fernández.

El debate en Sumar

En la coalición liderada por Yolanda Díaz admiten sin embargo que ahora se plantea una disyuntiva; por una parte consideran que Podemos no puede seguir beneficiándose de la coalición tras haber abandonado el grupo parlamentario.

La ruptura de Podemos y Sumar en 5 fases

En el acuerdo firmado en junio se acordó que los de Ione Belarra percibirían el 23% de todas las subvenciones de la coalición, un porcentaje muy superior a su representación electoral: aunque sólo hay cinco diputados de Podemos frente a los 26 que ahora tiene Sumar, los morados perciben casi un cuarto de todos los recursos económicos de la coalición. Hay sobre la mesa varias vías administrativas para intentar privarles de estos beneficios, al considerar que están vinculados a un pacto hoy roto.

Así, algunas voces destacadas de la coalición apuntan a que "tampoco interesa alargar este asunto"

Por otra parte, en las filas de Díaz también son conscientes del desgaste y el desaliento en el electorado progresista que genera este tipo de batallas, que por lo general suelen dilatarse en el tiempo y no tienen una solución sencilla. Así, algunas voces destacadas de la coalición apuntan a que "tampoco interesa alargar este asunto".

Seis millones en juego

De la batalla que abra Sumar y su desenlace hay en juego nada más y nada menos que más de seis millones de euros esta legislatura. La declaración de los diputados de Podemos como tránsfugas no es baladí, y tiene consecuencias directamente económicas para Podemos y Sumar.

De la decisión que adopten dependerán los próximos escenarios en la izquierda y el futuro económico de Podemos. En la anterior legislatura el 60% de sus ingresos provenían de subvenciones públicas por su representación obtenida en distintos niveles, aunque esta cifra se ha visto drásticamente reducida tras la pérdida de dirigentes en todo el país y la desaparición en varios territorios clave. A partir de las europeas de junio, los morados sí tendrán previsiblemente una nueva fuente de recursos con la candidatura de Irene Montero a Bruselas.

Las dos subvenciones

En total, son dos las subvenciones públicas que reciben las formaciones con representación parlamentaria. Una de ellas es la asignación que perciben los grupos parlamentarios a través del Congreso de los Diputados, de la que Podemos ha recibido ese 23% pese a que su proporción de diputados es mucho menor. La segunda proviene del Ministerio del Interior y están destinados a financiar el funcionamiento de los partidos políticos.

Una vez sellado el acuerdo electoral en verano, la coalición de Sumar trasladó a Interior el reparto económico acordado con las distintas fuerzas, especificando qué porcentaje de la subvención total correspondía a cada partido y en qué cuenta bancaria debían abonarse las distintas asignaciones, que son transferidas de manera directa de Interior a Podemos y el resto de fuerzas.

Golpe a la financiación de Podemos

Por escaños y votos, a Sumar le corresponden 7.050.911,53 euros anuales si se tienen en cuenta tanto las subvenciones de Interior como las del Congreso. De esta cantidad, a Podemos le corresponde el 23%, alrededor de 1,6 millones de euros anuales, de las que 104.769 euros provienen del grupo parlamentario.

En la anterior legislatura, Podemos recibía sólo del Ministerio del Interior 4,17 millones de euros anuales por su representación parlamentaria. Sus ingresos se han visto ahora reducidos casi en dos tercios, haciendo imprescindible la percepción de estos recursos para su supervivencia como organización política.

La asignación de Interior es la más importante que percibe Podemos, y es a este ministerio dirigido por Fernando Grande-Marlaska al que debe acudir Sumar si quiere recuperar los recursos económicos que ahora perciben los morados. En caso de que así lo decidan, los de Yolanda Díaz podrían requerir al ministerio un nuevo reparto de asignaciones y dejar fuera a los morados, alegando la ruptura del acuerdo que justificaba el reparto económico inicial. Un embrollo jurídico que, en caso de producirse, está abocado a encallar en los tribunales.

Comisión antitransfuguismo

La declaración o no de transfuguismo por la comisión puede dar fuerza a las pretensiones de Sumar frente a Interior en caso de que finalmente abra la batalla. Pero no está claro que la petición de Díaz pudiera prosperar en la comisión, ya que el PSOE tendría que apoyar la consideración de transfuguismo de Podemos y podría hacer tambalearse la mayoría que sostiene a Pedro Sánchez en el Gobierno.

Esta comisión no es parlamentaria, sino que nació en 1998 del acuerdo de distintas formaciones para controlar estas prácticas en el ámbito local, y más tarde fue ampliando sus competencias hasta ámbitos superiores. El órgano está presidido por el ministro de Política Territorial de turno, un cargo actualmente desempeñado por el expresidente canario Ángel Víctor Torres, y cada opción política cuenta con un representante.

Sumar dejará de percibir 104.769 euros anuales menos tras la salida de Podemos al Grupo Mixto

La declaración de tránsfugas a los cinco diputados de Podemos sí tendría consecuencias directas a las subvenciones parlamentarias. Sumar percibe 30.346,72 euros mensuales de asignación como grupo parlamentario -una cifra que permanece inalterable pese a la salida de Podemos- y otra cantidad variable en función del número de diputados que la integren, a razón de 1.746 euros mensuales por diputado. Al perder cinco dirigentes, los ingresos de Sumar se ven ahora reducidos -104.769 euros anuales menos-, y es el Grupo Mixto el que ve aumentada su cuantía en esa misma cantidad, al aumentar también su número de integrantes.

Dudas legales

El documento aprobado por la comisión antitransfuguismo en 2020 [consultar aquí en PDF] establece que "los grupos políticos no sufrirán menoscabo" de sus "derechos económicos y administrativos" derivados de "la pérdida de integrantes por transfuguismo, manteniendo, a efectos de su determinación, los correspondientes a su resultado electoral". El texto, sin embargo, presenta algunas dudas jurídicas a las que Podemos se agarra.

En ese mismo apartado, sobre las consecuencias económicas de la declaración de transfuguismo, se fija que "la persona tránsfuga no reciba privilegios ni premios por quebrar la voluntad popular" y detalla que "las personas no adscritas no disfrutarán de los derechos económicos y administrativos que les corresponden a los grupos políticos, ni sus integrantes, limitándose sus derechos políticos al mínimo exigido constitucionalmente".

Un apartado que privaría a los cinco diputados de Podemos de la asignación económica por pertenecer al Grupo Mixto. Sin embargo, fuentes de Podemos se agarran a que en el Congreso no existe el término de "no adscrito", que únicamente se aplica en las corporaciones municipales. Un argumento con el que tratan de enfriar cualquier repercusión económica.