Derecho de Galicia a defenderse

GALICIA tiene también el derecho a defenderse. Obviamente, nada comparable al conflicto de Oriente Medio, donde Israel y Palestina reclaman el derecho a repeler agresiones de manera cruenta, el país de los mil ríos tiene sobrados motivos para quejarse y defenderse del trato recibido por parte del Gobierno. De eso fueron en buena medida las últimas elecciones autonómicas. Los gallegos rechazaron con el arma del voto las políticas de PSOE y Sumar, siendo PPdeG y el BNG los elegidos para dirigir, uno desde el gobierno y el otro desde la oposición, las operaciones de contención y contraataque. Sobre eso también versó, en buena medida, el pleno de investidura. Más allá de la retórica parlamentaria, solo útil para rellenar el diario de sesiones, desde hoy Rueda y Pontón, cada uno desde su responsabilidad, han de ponerse manos a la obra. Sería deseable, pues, que acercaran posiciones en asuntos de país. Al PSOE habrá que esperarle a un cambio de ciclo en la política española.

Rueda dedicó en su investidura buena parte de sus intervenciones al asunto. Galicia está discriminada, sostiene. Besteiro (PSdeG) afeó al candidato su actitud por considerar que sólo hace oposición al Gobierno, y que no tocaba. Es la otra visión del vaso. Pontón no entró al trapo porque el BNG da su apoyo a Sánchez en el Congreso y se lo retira ante la prensa. Con óptimos réditos electorales, hay que reconocerlo. La líder nacionalista estima falta de ambición y más de lo mismo en el programa de Rueda. 

Es seguro que hay causa en la mayoría de las autonomías para quejarse del comportamiento del Gobierno. De ahí los resultados de las últimas elecciones autonómicas y locales del pasado año. El lamento es razonable. Los recursos provenientes de la Hacienda del Estado son insuficientes para atender los servicios, esenciales la mayoría, que prestan las administraciones territoriales. Crece desaforada la recaudación por impuestos pero no revierte en la misma proporción en la transferencia de fondos para afrontar el incremento del gasto sanitario, educativo y asistencial que soportan las autonomías. Un nuevo modelo de financiación es necesario, pero ha de acordarse entre todos los afectados. La negociación bilateral con Cataluña discrimina a los demás. Galicia debería agrupar todas sus fuerzas internas y coaligarse con las demás autonomías perjudicadas para impedir las cesiones de Sánchez a Cataluña y País Vasco. Debería pero, tras las intervenciones de ayer de BNG y PSOE, se antoja difícil.

En cuanto al próximo mandato, es natural que al comenzar una nueva etapa, aun sin partir de cero, haya cambios. Los desafíos del futuro aconsejan aplicar las reformas precisas, manteniendo o sustituyendo a sus responsables. La nueva estructura de la Xunta, avanzada por el investido presidente, supone una modificación importante, pero tampoco hace tabla rasa de lo anterior. Lo mismo es de prever que suceda con los miembros de su nuevo equipo. Aquello que funciona -eslogan de campaña- no lo cambies.

Sobre grandes acuerdos de país, nadie debería despreciarlos. Es oportuno plantear el pacto por la energía y la industria que propuso el presidente. 

Se trata de algo fundamental para el desarrollo de Galicia, con materia prima abundante, verde y sostenible. El futuro de Alcoa, Altri, automoción, naval y toda la industria en general son motivo de preocupación más que razonable. Igual que sobre el sector eólico. Todo está íntimamente relacionados. El comienzo de una legislatura, que se presupone de cuatro años, es el momento clave para abordarlo. Pese a lo dicho ayer en la Cámara, hay que intentarlo.