El voto como un derecho inhumano

Proliferan los artículos, comentarios y encuestas sobre la desafección política. Nos cuentan que las democracias se erosionan, mientras aparece un estudio de opinión pública que detecta un creciente apoyo a la epistocracia. Ya saben: la fórmula por la que solo deberían votar los ciudadanos instruídos, aunque las decisiones de los parlamentos y los gobiernos afecten a toda la sociedad.

En la España de 1836 solo podía acceder a las urnas una parte muy pequeña de la población: menos del 0,5 %. Los electores debían “acreditar un patrimonio importante o bien ejercer ciertas actividades profesionales (abogados, médicos, arquitectos, licenciados y doctores, oficiales con rango igual o superior al de capitán)”. Así lo recoge el libro “Los Casinello. Historia de una familia almeriense 1812-1939”, documentada obra de Xavier Puente Chaudé .

Si mantuviésemos aquel criterio elitista, el porcentaje de electores sería ahora mucho mayor, gracias a los avances sociales. Así, según el censo de 2021, un 5,2 % de la población española cursaba estudios superiores en 2021 y un 48,7 % de los ciudadanos con edad entre 25 y 34 años poseía esa formación. Por su parte, la renta “per cápita” de los españoles ascendía en 2022 a 30.240 € por habitante frente a 35.439 euros de media en la Unión Europea, aunque un 26,5 % de la población se mantenía en riesgo de pobreza o exclusión social según el INE.

Por lo tanto, los partidarios de restringir el sufragio universal tendrán que inventarse hoy pautas distintas si quieren limitar el alcance del artículo 21 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Si el voto deja de ser independiente de factores como procedencia, raza, sexo, formación, creencias o condición social, se convertirá además en un derecho inhumano.

La Historia suele dar unos pasos hacia adelante para retroceder más tarde. Aunque la revolución de 1868, denominada “la Gloriosa”, consagró el derecho de sufragio para todos los españoles varones mayores de edad, los partidos políticos de la Restauración optaron por limitar ese principio diez años después, atemorizados por sus consecuencias. Quedó así restringido al 5 % de la población según anota Martín-Puente, recuperándose el sufragio masculino en los comicios de 1891, en que se multiplicaron por seis los electores.

Volvió la burra al trigo en 1907, al implantarse reglas que facilitaban el fraude electoral como la posibilidad de elección sin votación, necesidad de avales o experiencia como cargo electo para ser candidato, acceso a las urnas sin previa acreditación, inexistencia de sobres para emitir el voto o interventores exclusivos del partido gobernante.

 La Constitución republicana de 1931 otorgó idénticos derechos electorales a los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de 23 años, cercenados luego por la sublevación militar y posterior dictadura franquista. Desde 1977 el derecho de sufragio universal ha sido norma en España. La tendencia reaccionaria a convertir el sufragio en “censitario” -limitándolo a un censo especial de ciudadanos- vuelve a ponerse en circulación. Restringir en definitiva la soberanía nacional al criterio de una minoría, para guiar la política en nombre de la totalidad.