Tres fundaciones optan a gestionar la residencia de mayores de Santiago que donó Amancio Ortega

Tres entidades de economía social se han presentado al concurso de la Xunta para gestionar la nueva residencia pública de Santiago que donó la Fundación Amancio Ortega. El centro, que cuenta con 120 plazas, fue entregado el 24 de octubre a la administración gallega. Una semana después la conselleira de Política Social, Fabiola García, anunció que la Xunta no contrataría al personal necesario sino que se iba a externalizar el servicio. La licitación ya está en marcha y tres fundaciones, Gerón, de Estudos e Análises y Valdegodos se postulan para hacerse cargo de la residencia.

La residencia que donó Amancio Ortega no tendrá gestión directa de la Xunta

En medio de críticas de los sindicatos y de la Federación Gallega de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias REDE, la Consellería de Política Social publicó el 10 de noviembre la licitación de la gestión de los centros de Santiago y de Lugo. Son los dos primeros  — de los siete que están previstos para las ciudades gallegas— en los que se han finalizado las obras. El contrato cuenta con un presupuesto de 5,46 millones de euros para cada residencia y se extenderá hasta febrero de 2026. La Xunta se ha comprometido a que ambas instalaciones estén en funcionamiento en el primer trimestre de este año. 

El Gobierno gallego no ha permitido que se presenten empresas, por lo que las tres ofertas presentadas se corresponden con entidades de economía social sin ánimo de lucro. Las tres gestionan ya varias residencias. La Fundación Gerón, que dio sus primeros pasos en el año 1994, es la única que no tiene centros en la comunidad gallega. La entidad sevillana gestiona seis residencias en Andalucía y está presente también en comunidades como Canarias, Valencia y Castilla- La Mancha. La Fundación de Estudos e Análises, con sede en Santiago, dispone a través de su filial Servisenior de varias residencias en el entorno de Compostela. En la rúa Eira Vedra (cerca ya de Os Tilos) cuenta con un centro de 50 plazas situado en la capital gallega. También tiene dos residencias en Brión, otra en Ordes y viviendas comunitarias en Vilagarcía de Arousa y O Saviñao. La tercera oferta parte de la Fundación Valdegodos, que centra su actividad en la provincia de Ourense. Cuenta con dos centros en Villamartín de Valdeorras, y otros tres en A Rúa, Viana y Quiroga. 

Por el momento, Política Social aún no ha publicado la puntuación obtenida por cada una de las fundaciones en el portal web de Contratos de Galicia. El pasado 14 de diciembre se reunió la mesa para la contratación y se comprobó que las tres ofertas recibidas contaban con la documentación requerida. Ahora la Consellería tiene que analizarla para seleccionar al adjudicatario. En las bases del contrato se asegura que se seleccionará el de “mejor calidad-precio”. La oferta económica tendrá como máximo un 40 % de la puntuación, “mientras que el peso de los criterios vinculados a la calidad del servicio supondrán el 60 % de la puntuación”. Las ratios de personal de atención directa pesarán un 15 %, las medidas en materia de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del personal del centro un 10 %, la metodología de intervención un 30 %, y el plan de formación para los trabajadores un 5 %. 

Para calcular el precio del contrato, la Xunta ha estimado en 62,4 euros (IVA incluido) el coste por día de cada uno de los 120 usuarios que tendrá la residencia. En el caso de los mayores dependientes se estima que los costes del personal se llevan el 75 % de la cuantía, el 20 % corresponde a costes generales y el 5 % para el “beneficio industrial”, detalla la memoria justificativa del contrato. 

Privatización

El documento aborda también la decisión de no optar por la gestión directa por parte de la administración gallega de la residencia. “En la actualidad, la Xunta de Galicia dispone de la financiación necesaria para la prestación del servicio, objeto del contrato, pero no dispone de los medios personales y materiales adecuados para llevar a cabo las distintas prestaciones que componen el objeto del contrato”, se justifica. La decisión no ha estado exenta de polémica. Las siete residencias públicas habían sido anunciadas por el Ejecutivo de Feijóo en el año 2017. En aquel momento, la Xunta preveía construirlas con fondos propios. Pero dos años después llegó el convenio con la Fundación Amancio Ortega, que se comprometió a destinar 90 millones de euros para entregárselas llave en mano a la Xunta.  

La residencia que paga Amancio Ortega está lista pero aún sin fecha de apertura

Hasta la cesión del centro de Santiago, se pensaba que los centros iban a ser 100 % públicos. Pero el sindicato CCOO exigió conocer cómo iba a ser el proceso para contratar el personal necesario y denunció que la falta de claridad de la Administración gallega les llevaba “a pensar que pretenden continuar por la senda de la privatización —bajo la eufemística fórmula de gestión indirecta— de servicios públicos esenciales”.