Cambios en el despido: el Gobierno se interpone en esta decisión europea

El despido es uno de los temas pendientes en la última reforma laboral

La vicepresidenta Yolanda Díaz, este martes en el Pleno del Senado.

La vicepresidenta Yolanda Díaz, este martes en el Pleno del Senado. / EFE

Emma Ferrara

El despido es uno de los temas pendientes en la última reforma laboral, ya que la UGT (Unión General de Trabajadores) lleva un tiempo reclamando el aumento de las indemnizaciones por despido improcedente.

A día de hoy, la indemnización está fijada en 33 días de sueldo por año trabajado, una cuantía que "no disuade a nadie", según declaró la UGT. El objetivo del sindicato es recuperar los 45 días por año trabajado, tal y como estaba vigente antes de 2012.

Esta cuestión se ha elevado a Europa después de que el Gobierno ratificara al completo la Carta Social Europea en 2021. A finales de 2024, o principios de 2025 se emitirá el dictamen del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS).

Ahora 'El País' ha publicado que el Gobierno ha interferido en este dictamen, ya que quieren excluir a Carmen Salcedo, una experta española que forma parte del comité. Esto se debe a que en julio de 2022 escribió un artículo en el que manifestaba algunas diferencias: "La normativa reguladora de las indemnizaciones por despido improcedente no es conforme a la Carta Social Europea Revisada según jurisprudencia consolidada del CEDS".

Félix Bolaños, el ministro de Justicia ha negado este hecho en el Congreso de los Diputados, pero, sin embargo, algunas fuentes han asegurado al citado medio que se ha pedido la exclusión de Salcedo. Esto podría generar diferencias dentro del Gobierno, puesto que Yolanda Díazla ministra de Trabajo, quiere llevar a cabo la reforma del despido.

PSOE y Sumar firmaron un acuerdo en el que se comprometían a que la normativa del despido cumpliera con la Carta Social Europea. En caso de que el Comité Europeo resuelva que la ley cumple, el partido socialista no debería de ceder y aumentar la indemnización. Pero, en caso de que se resuelva que la normativa incumple lo estipulado, el partido de Díaz podría reclamar la reforma.