Las protestas de agricultores y ganaderos de toda Europa han terminado por contagiarse en España y ya hemos podido ver algunas en Extremadura y Castilla y León. A partir del martes, se van a extender a una veintena de provincias.
Su denuncia es que debe existir competencia, pero no desleal. Aseguran que sólo un 10% de las importaciones agrarias de la UE son controladas y que así, es imposible asegurar que se cumplen las cuotas acordadas con países terceros. Que, en parte, pasa sin aranceles y sin la seguridad de que reúnan los requisitos comunitarios, por ejemplo, en el uso de fitosanitarios. Una situación que tira los precios y que, sumado al aumento de gastos, se salta la ley de la cadena alimentaria, que impide vender por debajo de coste. Si sumamos la sequía, es un cóctel que les saca a la calle, a pedir que en el diseño de la política agraria se escuche al campo y que los gobiernos, autonómicos y central, cumplan porque ellos son imprescindibles para la soberanía alimentaria.
