Tras la agresión urge la intervención de expertos policiales que tienen que evitar preguntas que induzcan a la víctima, a la que no hay que cuestionar, ya que su testimonio puede ser una prueba. La prioridad es recoger pruebas incriminatorias y hacer lo imposible para acreditar la falta de consentimiento, porque todos los agresores niegan los hechos.
