El Gobierno da el primer paso para la justicia y el reconocimiento de la "memoria, dura y lamentable" del pueblo gitano

El Gobierno ha aprobado constituir la Comisión sobre la Memoria y Reconciliación del Pueblo Gitano en España, incluida en la Ley de Memoria Democrática. Es una demanda histórica de este pueblo en España, que hoy se congratula de que se convierta en una realidad al suponer un momento de "reconciliación, de justicia y de reconocimiento de esa memoria, dura y lamentable" que ha vivido.

Así lo expresa Sara Giménez, directora general del Secretariado Gitano, que resalta la importancia de que se conozca la historia de su pueblo como antídoto frente al rechazo. El pasado 8 de abril, Día Internacional del Pueblo Gitano, la entidad social ya hizo esa propuesta: que deje de ser un pueblo desconocido. Quieren que toda la población sepa de la persecución que vivieron hasta la aprobación del reglamento de la Guardia Civil, en 1978.

Aquel año, el diputado Juan de Dios Ramírez Heredia apeló por la defensa de la dignidad humana de los gitanos en el Congreso de los Diputados. Allí recordó que los artículos que derogaba esta norma, que se referían a la vigilancia a la que la población gitana debía ser sometida por miembros de la Guardia Civil, por ejemplo, observando sus trajes o averiguando su modo de vivir, tenían su precedente en disposiciones de la época de los Reyes Católicos.

Antes de ese momento, recuerda Giménez, el pueblo gitano sufrió "pragmáticas antigitanas y persecución" que ni siquiera están incluidas en los libros de texto de Historia de España. Cita, por ejemplo, la Gran Redada (1749), durante la que se llevó a más de 10.000 gitanos, hombres, mujeres y niños, a cárceles y a fábricas. O a las víctimas del Holocausto. Hasta medio millón de personas gitanas fueron víctimas del exterminio nazi durante la II Guerra Mundial.

Propuestas en educación

"La última ley de educación incluye la necesidad de que esté dentro del currículum educativo, pero en la práctica no se está impartiendo. La creación de esta comisión nos puede ayudar a esta propuesta de futuro, para que se conozca y se incluya nuestra historia, nuestra cultura y la situación actual", prosigue Giménez. Todo eso forma parte del proceso de reconciliación: conocer la historia para que no se repita pero, también, de plantear medidas para evitarla.

Por ejemplo, piden que se imparta su historia en las aulas y que se aborden las situaciones actuales de discriminación antigitana que se siguen sucediendo a día de hoy, así como "las grandes brechas de desigualdad estructural que aún azotan al pueblo gitano". El último estudio del Secretariado Gitano en materia de educación muestra que "seis de cada diez niños y niñas gitanas no terminan la educación secundaria obligatoria (ESO)" y que tienen "una tasa de abandono educativo de más de un 86%, cuando entre la población general se sitúa en un 13,3%".

"Hablamos de desigualdad de derechos estructurales que necesitan unas medidas específicas por parte de nuestro Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas para abordar el enorme fracaso escolar y la gran disparidad educativa que condicionará una nueva generación de ciudadanos y ciudadanas gitanas. Hay que resolverlo, en garantía del derecho fundamental de la educación", expone la directora general.

Además, expresa que de las 25.000 personas que viven en situación de chabolismo e infravivienda, 18.000 son personas gitanas y. "de esas 18.000, el 50%, son menores de 16 años". Sobre vivienda, también exponen las dificultades que tienen para acceder a un contrato de alquiler.

Asimismo, los últimos datos sobre empleo muestran que la tasa de paro alcanza el 52% de la población gitana. Porque hay discriminaciones que derivan del estigma y que siguen sin solución en un país en el que todavía no existe una autoridad independiente contra la discriminación, pese a estar prevista en la ley integral para la igualdad de trato desde hace más de un año.

Elaboración de un informe

La comisión que se ha aprobado este martes para revertir todas estas desigualdades responde a la disposición adicional duodécima de la ley de memoria y sigue una resolución del Parlamento Europeo de 2017 sobre los "aspectos de la integración de los gitanos en la Unión relacionados con los derechos fundamentales". Estará presidida por el político e historiador Fernando Martínez y contará con representantes de varios ministerios, del Consejo Estatal del Pueblo Gitano, de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), de las comunidades autónomas y dos expertos elegidos por el secretario de Estado de Memoria.

Todas ellas y ellos elaborarán un informe "sobre las medidas para aplicar los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición en lo relacionado con la situación histórica del pueblo gitano en España", aunque en la información remitada por el Gobierno no se indica desde qué momento histórico empieza la memoria. Para el historiador Rafael Buhigas Jiménez, como ha expresado en su cuenta de X, es necesario que entre los integrantes de la Comisión haya "suficientes expertos para abordar toda la complejidad social que se deriva de la discriminación histórica", incluidos intelectuales gitanos y gitanas.

Con todo, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ya ha recalcado en redes sociales que "reconocer la discriminación y la injusticia que ha sufrido históricamente el pueblo gitano es un deber de país y un punto de partida para luchar contra las desigualdades del presente". Por el momento, él ya ha pedido perdón.