Reclaman, tras treinta años, las expropiaciones para la ampliación de la carretera Ribeira-Noia

En 1991, el Consello da Xunta aprobó sendos decretos de declaración de utilidad pública y urgente ocupación de los terrenos afectados por las obras para ensanchar y mejorar el trazado de la carretera comarcal AC-550 a su paso por los municipios de Ribeira, Porto do Son y Noia, a lo largo de 40 kilómetros. Hoy, 30 años después de ejecutada esa actuación, muchos de los propietarios de esos bienes aún no cobraron los importes de las expropiaciones. Todo apunta a que, en su día, o no fueron debidamente comunicados o no estuvieron lo suficientemente atentos a las notificaciones. La alarma saltó hace unas semanas en las oficinas del Catastro. Ahora, deberán moverse a toda prisa si quieren recuperar su dinero, porque la cuenta atrás ha comenzado: tienen hasta el 19 de mayo para reclamar sus cheques.

La historia de este lío administrativo comenzó cuando la Xunta decidió adoptar medidas para mejorar la seguridad vial en una carretera en la que se producían accidentes mortales con demasiada frecuencia. Para ello, diseñó un proyecto a ejecutar en dos tramos y presupuestado con cargo a tres anualidades. Uno, entre Ribeira y O Son, de 24 kilómetros, con una inversión de 847 millones de pesetas (5 millones de euros); el otro, de 16 kilómetros, por 591,6 millones de pesetas (3,5 millones de euros).

La actuación dotó a la plataforma del vial de un ancho de 7 metros y de aceras de un metro, pero en algunos puntos se modificó el trazado.

En el momento de firmar las actas de ocupación, los afectados cobraron el primer pago de las expropiaciones, pero la inmensa mayoría nunca llegaron a cobrar el segundo. Los años (32) fueron pasando, y los cheques permanecen aún hoy a la espera de que sus beneficiarios acudan a recogerlos. Hace unas semanas, cuando ya nadie se acordaba, saltó la sorpresa en las oficinas del Catastro.

Muchos de esos afectados están recibiendo ahora una notificación de dicho organismo en la que se les informa que se está procediendo a la actualización cartográfica y, en consecuencia, a la modificación de los límites de sus terrenos, en base a esas expropiaciones realizadas en 1991.

La comunicación oficial remitida por la Consellería de Infraestruturas e Mobilidade entró en el registro de la Gerencia Regional del Catastro el 4 de mayo de 2022 a las 14.47 horas.

En ella, explica que envía la documentación de las expropiaciones realizadas en 1991 para que se inscriban las alteraciones catastrales acreditadas. Ahora, y tras haber realizado la adecuación de la cartografía, la Gerencia Regional del Catastro está remitiendo a los afectados los acuerdos de alteración, que tendrán efecto retroactivo desde el 5 de junio de 2012 y contra los que cabe presentar recurso de reposición en un mes.

Los motivos de tan dilatado retraso en la formalización de este trámite son aún desconocidos por los vecinos, y también por el Punto de Información Catastral del Concello de Porto do Son, que atendió ya a más de un centenar de afectados.

También en Ribeira se están recibiendo consultas al respecto en la asistencia externa contratada por el Concello para asuntos catastrales.

A raíz de esas comunicaciones, los afectados recordaron, en unos casos, y descubrieron, en otros, que no habían cobrado el segundo pago de las expropiaciones, ya sea porque en su día no fueron debidamente notificados por la Administración o porque ellos no estuvieron atentos a los anuncios oficiales. “Es posible que fuesen notificados a través del Diario Oficial de Galicia, o del Boletín Oficial del Estado, pero lo cierto es que los vecinos no suelen leer esas publicaciones”, señala el presidente de la comunidad de montes de Baroña, Ovidio Queiruga, entidad que destapó precisamente este curioso caso al dirigirse al Catastro por su disconformidad con algunas modificaciones.

Hay también casos de vecinos a quienes les expropiaron en 1991 pequeñas superficies que finalmente no fueron necesarias pero que ahora figuran sujetas a retranqueos que dejan fuera de su propiedad los cierres o galpones que hicieron en ellos.

“O problema co que se poden atopar é que, se non reclaman agora e aceptan eses retranqueos, non terían nin que expropiarllos se no futuro se necesitan para unha nova actuación, porque constarán xa como expropiados”, indica Queiruga.

La pregunta es: ¿cuántas personas tienen pendientes de cobro la ocupación de sus bienes por la mejora de la AC-550? “Teniendo en cuenta que las obras se acometieron a lo largo de 40 kilómetros, pueden ser bastantes en los tres municipios”, dice Eduardo Porta, el abogado del servicio jurídico contratado por la comunidad de montes de Baroña y que representará también a particulares.

“Na maioría dos casos expropiáronse superficies moi pequenas para ensanchar a estrada, pero noutros esa ocupación foi maior porque se modificou o trazado”, explica Ovidio Queiruga, quien añade que “preguntamos nos concellos se teñen información sobre as notificacións cursadas en 1991, pero non gardan xa esa documentación”.

El abogado presentará las reclamaciones en nombre de los representados que se lo encomienden.

Por otra parte, hay casos en los que los titulares de los terrenos ya han fallecido, por lo que sus herederos deberán realizar los correspondientes trámites para poder percibir los importes pendientes de pago.

Por su parte, en respuesta a la consulta realizada por este diario, la Axencia Galega de Infraestruturas dice estar “practicamente ao día no pagamento das expropiacións” y que “se hai expedientes antigos sen pagar pode deberse a problemas na identificación da propiedade das parcelas ou a que teñan sido obxecto de recurso xudicial”.