Los conservadores del CGPJ fuerzan al pleno a pronunciarse sobre las comisiones de investigación

Todos los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) nombrados en su día a propuesta del PP, con excepción del actual presidente del órgano, Vicente Guilarte, han solicitado que se incluya en el orden del día del pleno previsto para el próximo día 21 un pronunciamiento sobre los ataques realizados a jueces y magistrados, lo que entra dentro de las funciones habituales del órgano de Gobienro de los jueces, pero su petición añade también un análisis de las relaciones entre el Poder Judicial y el resto de poderes del Estado, así como sobre la legalidad de las comisiones de investigación, extremos cuando menos cuestionables.

En un escrito al que ha tenido acceso El Periódico de Catalunya, del Grupo Prensa Ibérica, los vocales firmantes proponen al presidente del CGPJ que incluya un nuevo punto en el orden del día del último pleno ordinario de 2023, para realizar un "examen de las relaciones entre el Poder Judicial y los restantes Poderes del Estado", tras los que añaden la "legalidad de las comisiones parlamentarias de investigación y el deber de comparecencia de los jueces".

Los vocales firmantes justifican su petición en "el continuo flujo de inadmisibles declaraciones, descalificaciones, señalamientos, querellas e incluso amenazas que vienen sufriendo los jueces y magistrados por el mero ejercicio de sus funciones constitucionales, así como la creación de diversas comisiones parlamentarias de investigación nombradas con la indisimulada intención de criminalizar la labor judicial".

Por ello, dicen en su escrito, "exigen de este CGPJ un claro y rotundo posicionamiento que ponga fin a tal acoso y quiebra del Estado de Derecho". Para ellos no es suficiente el compromiso de la Comisión Permanente de permanecer vigilante sobre el desarrollo de esas comisiones. De hecho, los vocales que propusieron un pronunciamiento calificaron de insufiente ese acuerdo, que salió adelante gracias al voto de calidad del propio Guilarte. Para que el punto se hubiera incluido en el orden del día del pleno, una vez este ya comenzado, habría hecho falta la unanimidad de todos sus miembros.

La petición firmada por los vocales José María Macías, Carmen Llombart, José Antonio Ballestero, Gerardo Martínez Tristán, Ángeles Carmona, José Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya y Wenceslao Olea, no menciona la reunión que este martes suspendió el presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, con el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que finalmente se realizará el próximo día 19.

La decisión de Marín Castán respondía al malestar existente en el Supremo por los ataques que desde la tribuna del Congreso había efectuado la portavoz de Junts per Catalunya, Miriam Nogueras, contra el expresidente del alto tribunal Carlos Lesmes, el presidente de la Sala Segunda, Manuel Marchena, el instructor del 'procés, Pablo Llarena, y la magistrada Carmen Lamela, que instruyó el procedimiento que se siguió en la Audiencia Nacional contra el mayor de los Mossos Josep Lluís Trapero, que acabó siendo absuelto.

Los ataques de Nogueras llamándoles "personas indecentes" y reclamando su enjuiciamiento se produjo precisamente en el debate para la constitución de las comisiones de investigación del presunto espionaje con Pegasus, de los atentados del 17-A y de la "Operación Cataluña". Entre los jueces que citó también estaba la magistrada del Tribunal Constitucional Concepción Espejel, cuyos compañeros han acordado este jueves por unanimidad en el pleno "hacer constar en acta el apoyo y solidaridad" con ella, de la que dicen que "siempre ha desarrollado su función jurisdiccional de forma impecable, íntegra e imparcial, y su preocupación por el cuestionamiento que se ha producido de forma pública, en el ámbito parlamentario".

A todo ello se suma que en la comisión celebrada por Pegasus en el Parlament se citó a declarar al magistrado del Supremo encargado del CNI, Pablo Lucas, que cuando excusó su asistencia por tratarse de información clasificada, fue advertido de que podía incurrir en responsabilidad penal con una fotocopia del Código Penal.

Las palabras de la portavoz de Junts hicieron que el presidente del Supremo y el del CGPJ hicieran públicos sendos comunicados en los que el primero denunciaba que "carece de precedentes y no se corresponde con los requisitos mínimos de la separación de poderes en un Estado de derecho", y el segundo, lo calificaba de "señalamiento (...) resulta inadmisible en un Estado de derecho, uno de cuyos principios fundamentales es la separación de poderes".