Un CGPJ unánime acuerda pedir al Congreso y al Senado que se abstentan de citar a jueces a comisiones de investigación

El pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha logrado este jueves hacer suyo el sentir de la carrera judicial y ha acordado por unanimidad "instar al Congreso y al Senado a que se abstengan de citar a jueces y magistrados para que declaren ante las comisiones de investigación constituidas sobre hechos que hayan conocido en las actuaciones objeto de su actividad jurisdiccional".

El acuerdo, que se comunicará a las presidencias de las Cámaras y a la Red Europea de Consejos de Justicia, precisa que si, a pesar de ello, alguno de ellos fuesen citados, deberán comunicárselo a la Comisión Permanente del órgano de gobierno de los jueces que denegará la autorización para que comparezcan. Los jueces y magistrados, recuerda el CGPJ, "no podrán revelar por escrito, o de cualquier otra forma, hechos o circunstancias de las que hubieren tenido conocimiento por razón de su ejercicio profesional".

El acuerdo alcanzado va en la línea esgrimida por el presidente suplente del Consejo, Vicente Guilarte, cuando pidió directamente a los políticos: "Déjennos en paz". O el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que en el Consejo de Ministros señaló que los jueces no tenían que acudir a estas comisiones y negó cualquier debate al respecto con la Constitución y la ley orgánica del poder judicial en la mano.

El texto suscrito por todos los vocales, tanto los elegidos a propuesta del PP como del PSOE, reconoce que en las últimas semanas han sido constantes las declaraciones y comunicados del mundo judicial "alertando de los riesgos que para la independencia judicial pudiera suponer que las comisiones de investigación constituidas en el Congreso". Se trata de las de la "Operación Cataluña", los atentados del 17-A y la del supuesto espionaje con Pegasus al independentismo.

Constitución de comisiones

A pesar de la oposición mostrada por el mundo judicial desde la inclusión del término 'lawfare' en el acuerdo de investidura firmado entre PSOE y Junts, el acuerdo resalta que "destacados portavoces de los grupos parlamentarios" que las han promovido "insisten en que se recabe la comparecencia en ellas de jueces y magistrados", lo que obliga al pleno del CGPJ a pronunciarse con contundencia para "manifestar, en primer lugar y sin reserva alguna, el absoluto respeto de este órgano constitucional a la autonomía de las Cámaras que forman las Cortes Generales para que creen las comisiones que estimen necesarias a fin de esclarecer los hechos" para exigir, "en su caso, la responsabilidad política gubernamental que proceda".

Pero "con la misma claridad y firmeza que respeta la autonomía parlamentaria, el CGPJ debe garantizar en todo momento y bajo cualquier circunstancia la independencia judicial". Por ello y por los artículos 76 y 117 de la Constitución y la LOPJ, "ha de quedar constancia de que dichas comisiones parlamentarias carecen de atribuciones para llamar a declarar ante ellas a jueces y magistrados" sobre los asuntos que conozcan "en su labor de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado".

El acuerdo recuerda que los jueces están sometidos a la Constitución y a las leyes y responden penalmente si cometen delito, pero también que la Constitución afirma que "son independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley". Unas "condiciones que, obviamente, no reúnen, los miembros de las comisiones parlamentarias de investigación, pues, al fin y al cabo, su función representativa se desenvuelve en el plano estrictamente político".

Por todo ello los jueces no tendrán obligación de acudir aunque sean llamados incluso con una advertencia de la responsabilidad penal en la que pueden incurrir, como hizo el Parlament con el magistrado del Supremo adscrito al CNI, Pablo Lucas, en la comisión de Pegasus.