Alcaldes socialistas de A Coruña acusan a la Xunta de "ahogar" a los municipios y exigen financiación
La Xunta rebate estas afirmaciones y asegura que es la Administración que más colabora y que cumple con lo pactado con la Fegamp

Bernardo Fernández, portavoz del Grupo Provincial Socialista en la Deputación da Coruña / PSdeG
E.P.
El consejo de alcaldes socialistas de la provincia de A Coruña ha acusado a la Xunta de "ahogar" a las economías municipales al hacerles asumir "competencias impropias", por lo que han demandado financiación.
"Cada vez son más los asuntos en los que la Xunta invita y los ayuntamientos pagan", ha asegurado el secretario provincial socialista, Bernardo Fernández.
Lo ha hecho con motivo de este encuentro, en la Agrupación Provincial socialista, en el que han denunciado que el Gobierno gallego "carga a los municipios más de la mitad del coste del Servicio de Ayuda en el Hogar".
Al respecto, Bernardo Fernández ha asegurado que "la factura de las competencias impropias que asumen los municipios gallegos supera los 600 millones de euros al año".
El PSdeG avanza que llevará mociones a todos los ayuntamientos de la provincia y a la Diputación para demandar a la Xunta "un marco de financiación justo en los servicios de competencia autonómica".
La Xunta defiende su aportación
Por su parte, fuentes de la Consellería de Política Social han rebatido estas afirmaciones y han asegurado que la Xunta es la administración "que más colabora con los ayuntamientos gallegos en el funcionamiento de sus servicios sociales".
Detallan que en el caso del Servizo de Axuda no Fogar, el Gobierno gallego financia el 70% del coste de este servicio que, apuntan, es de competencia municipal.
En esta línea, explican que en 2024 destinan 130 millones de euros a este servicio, con lo que "se mantiene el compromiso alcanzado con la Fegamp para financiar 12 euros la hora prestada".
También a este respecto, recuerdan que el Gobierno central acumula una deuda con los servicios sociales de Galicia de 2.500 millones de euros por su "reiterado incumplimiento de la Ley de dependencia, que le obliga a financiar el 50% de los servicios".
Por último, concluyen insistiendo en que de los 652 millones destinados a la dependencia, el 70% procede del Gobierno gallego, mientras que tan solo el 30% procede del Gobierno central.
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