Dimite el primer ministro de Portugal, investigado por corrupción en una mina en la frontera con Galicia

Cae Antonio Costa. El primer ministro de Portugal ha anunciado su dimisión después de que la Policía lusa haya lanzado este martes una operación por presuntos delitos de corrupción vinculados a las concesiones para la explotación de litio en la minas de Montealegre, a 15 kilómetros de la 'raia seca', y Boticas que ha implicado registros en varios ministerios y en la residencia oficial del primer ministro. António Costa ha dimitido pocas horas después de difundirse el escándalo. Su jefe de gabinete, Vítor Escária, ya ha sido detenido. La residencia oficial del primer ministro de Portugal es solo uno de los más de 40 lugares registrados en un operativo de la Policía junto a la Fiscalía lusa, que investiga a Costa y a su Gobierno por supuestos crímenes de prevaricación, corrupción activa y pasiva y tráfico de influencias.

"En estas circunstancias, obviamente, presenté mi dimisión a su excelencia el presidente de la República", ha declarado Costa en una intervención televisada, en la que señaló que el cargo de primer ministro no es compatible con la "sospecha de la práctica de cualquier acto criminal".

Las inspecciones también se han extendido a los Ministerios de Infraestructuras y de Ambiente y han ido acompañadas de varias detenciones, entre ellas, la del jefe de gabinete de Costa, la de un consultor de Costa, Lacerda Machado, y la del alcalde de Sines, el socialista Nuno Mascarenhas, según divulgó el medio luso 'Público'.

Dimite António Costa, primer ministro de Portugal, al ser investigado por posible corrupción

Las mismas fuentes informaron que son declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) el ministro de Ambiente, Duarto Cordeiro, y el de Infraestructuras, João Galamba, así como el exministro de Ambiente João Pedro Matos Fernandes. El primer ministro se ha desplazado hasta el Palacio Presidencial para informar personalmente al jefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, de estas operaciones.

En la causa estarían los proyectos de explotación de litio en Montalegre, en el norte de Portugal, por posible favor del Gobierno portugués a empresas, según la prensa lusa. 

La Fiscalía portuguesa ha precisado en un comunicado que ha llevado a cabo el registro de "espacios utilizados por el jefe de Gabinete del primer ministro" y que varios sospechosos han hablado de la implicación de Costa en el caso. Según el diario Público, la Guardia Republicana revela que el primer ministro está siendo investigado "de forma independiente".

Un comunicado difundido por la Fiscalía señala que “se investigan hechos relacionados con las concesiones de exploración de litio en las minas Romano (Montalegre) y Barroso (Boticas); un proyecto para una planta de producción de energía de hidrógeno en Sines, presentado por un consorcio que solicitó el estatus de Proyecto Importante de Interés Común Europeo; el proyecto de construcción de un centro de datos desarrollado en la Zona Industrial y Logística de Sines por la empresa Start Campus”. La nota también explica que los registros en los espacios utilizados por el jefe de gabinete del Primer Ministro están siendo supervisados por un juez de instrucción penal.

Una adjudicación de litio sospechosa

En el caso del litio, está bajo el foco de los investigadores una concesión a la firma Lusorecursos de la exploración de este mineral en la zona de Montalegre. De acuerdo al diario 'Expresso', la causa se remonta también a 2019 cuando João Galamba, entonces secretario de Energía y actual ministro de Infraestructuras, concedió a Lusorecursos Portugal Lithium autorización para llevar a cabo la exploración de litio. La cadena de televisión CNN Portugal aseguró este martes que este proyecto, valorado en 380 millones de euros, fue concedido a Lusorecursos por un plazo de 50 años. El canal recordó que, según la ley, para que una empresa pueda ganar un concurso de exploración por 50 años debe de haberse hecho primero con la prospección, cosa que no ocurrió con Lusorecursos, lo que levantó sospechas de que se había producido presunta corrupción.

Todavía no se sabe bien cuál es el alcance de la presunta implicación de Costa en estos proyectos, aunque la Fiscalía portuguesa indicó que varios sospechosos han hablado de su supuesta involucración en el caso por "desbloquear procedimientos". Por lo pronto, la Fiscalía ha emitido órdenes de detención contra el jefe de gabinete del primer ministro, el alcalde de Sines y dos de sus administradores en la sociedad "Start Campus" y contra un abogado, que serán presentados ante la Justicia para ser interrogados. También han sido declarados "arguidos" (sospechosos formales, una figura previa a la acusación) Galamba y el presidente del Consejo Directivo de la Agencia Portuguesa del Ambiente.

Escuchas, hidrógeno verde y trato de favor

En enero de 2021, una información del semanario 'Expresso' recogía que el Ministerio Público consideraba sospechosa una escucha al entonces ministro de Ambiente portugués, João Matos Fernandes, en la que conversaba con Costa, en unas pesquisas sobre posibles irregularidades en el negocio del hidrógeno verde. Según ese medio, el Tribunal Supremo de Justicia admitió en aquel momento incluir la grabación en la investigación sobre un supuesto trato de favor del Gobierno de Costa a empresas lusas en el ámbito del hidrógeno verde. En esa conversación no se encontraron indicios de delito y en ella Costa y Matos Fernandes hablaban sobre las negociaciones en curso para definir la localización de un proyecto de hidrógeno verde, una refinería de litio, los posibles interesados en el negocio y la posibilidad de una colaboración con España.

La revista 'Sábado' desveló en su día que este caso se abrió tras una denuncia anónima en 2019 que apuntaba que el Gobierno portugués había favorecido a empresas portuguesas que integraban un consorcio para construir en Sines un proyecto industrial de hidrógeno verde. Entre estas compañías estaban EDP, la petrolera Galp y REN, que junto con la lusa Martifer y la danesa Vestas anunciaron que se habían unido en un consorcio para estudiar la creación de un clúster industrial para producir hidrógeno verde en Sines.

La Fiscalía sospecha ahora de tráfico de influencias y de corrupción en los proyectos que había en Sines, una planta de hidrógeno verde y un centro de datos, conocido como H2Sines, para desarrollar un gigavatio de potencia de producción de hidrógeno, que serviría como combustible para una refinería de Galp y otras instalaciones, además de generar excedente para exportación.