El periplo judicial de Trump

EL EQUIPO ELECTORAL de Donald Trump necesita dinero, mucho dinero para llevar a cabo una campaña presidencial que en Estados Unidos siempre resulta demasiado larga y costosa. Pero también apoyo legal, tanto de su prestigioso cuadro de abogados, como de unos tribunales que le allanen el camino para poder presentarse con solvencia a las elecciones del próximo 5 de noviembre. Por eso pide “dinero y justicia”. Este próximo lunes Trump tendría que abonar una cifra cercana a los 460 millones de dólares debido a la sentencia de un juez de Manhattan por un supuesto fraude continuado durante cerca de diez años a la banca y a la Hacienda de Nueva York. Los abogados de Trump han apelado el veredicto, pero es difícil que logren frenar el pago o el embargo asociado de bienes.

Aun así, vemos cómo Trump se va librando de los siempre parsimoniosos tribunales, que atienden las múltiples causas que el empresario tiene abiertas todavía. El multimillonario insiste en que cuando ejercía de Presidente, su cargo le permitía acometer según qué actuaciones y decisiones que podrían situarse por encima o al margen de la ley. Y aunque el Circuito de Apelaciones de Washington opinó en sentido contrario el pasado mes de febrero, el Tribunal Supremo tendrá que decidir si acaso esto es así. Con todo, habrá que esperar, pues la Corte Suprema no lo tiene claro, y ha solicitado tiempo para reflexionarlo debidamente. No será hasta julio cuando dicte sentencia; y, aun así, habrá que ver qué subterfugios legales encuentran los letrados de Trump para dilatar todavía más la repuesta del Alto Tribunal. Sea como fuere, la vista oral probablemente se retrasará, y el expresidente acudirá sin problema a los comicios.

La “sustracción” de papeles clasificados, es decir, de documentos de Estado cuando abandonó La Casa Blanca, sigue en los tribunales también. Es una pieza mayor, pues esta apropiación indebida, acompañada de la difusión aparentemente probada de dichos documentos, sí podría inhabilitar a Trump de por vida. Pero, de nuevo, la vista oral tardará en iniciarse (se han barajado diversas fechas, pero todavía no se ha fijado ninguna). Igual de complicado es tumbarlo por no asumir la victoria de Biden en 2020, tachar los resultados de fraudulentos, y alentar, presuntamente, el “asalto al Capitolio” del 6 de enero de 2021. El Supremo ha aceptado el caso, pero habrá que esperar al 30 de julio para el inicio de una vista oral que se prevé complicada, pues el exmandatario tratará de demostrar que era su obligación como Presidente. Trump pelea por su supuesta “inmunidad”, y asegura que, ante cualquier sospecha de fraude, estaba entre sus prerrogativas actuar, pues uno de sus cometidos presidenciales era fiscalizar la limpieza de todo el proceso electoral.

Luego están otros procesos judiciales también relevantes, como el que en Nueva York le llevará a juicio por supuesta falsedad documental en el pago a una actriz porno a cambio de su silencio, o el que en Georgia lo juzgará por un presunto intento de manipulación de los resultados electorales en 2020. De momento, el Supremo, constituido por nueve magistrados (tres liberales o demócratas, y seis conservadores o republicanos – tres de ellos elegidos por el propio Trump), le ha dado la razón al expresidente frente al estado de Colorado, que, al igual que el de Maine o el de Illinois, pretendía expulsar a Trump de las papeletas para las primarias. Así pues, Donald Trump continúa con su reconquista del Despacho Oval, apelando a la confianza de sus seguidores, y reclamando “dinero y justicia”.