Las multas a los dueños de pisos turísticos ilegales se quedan de momento en amenaza

A punto de acabar el año, la situación de las Viviendas de Uso Turístico (VUT) en Santiago sigue en el limbo. A mediados de febrero, el Gobierno de Sánchez Bugallo modificó el plan urbanístico para poner límites a esta actividad que se había disparado desde la aparición de plataformas como Airbnb. En los últimos meses numerosos propietarios recibieron notificaciones instándoles a cerrar los pisos bajo amenazas de multa que oscilaban entre los 10.000 y 15.000 euros. Pero por el momento no se han materializado. Fuentes de la Asociación de Viviendas de Uso Turístico (Aviturga) confirman que Raxoi no ha sancionado.

“Hubo semanas muy duras para los propietarios, con cientos de expedientes. Hasta octubre, ya en el mandato de Goretti Sanmartín, siguieron llegando”, explican desde Aviturga. Los propietarios alegaron y desde el Concello se ha guardado silencio desde entonces. Las órdenes de cierre de Raxoi fueron también recurridas en los tribunales. Hasta 24 sentencias recibidas en los últimos meses avalan la tesis del Ayuntamiento. El Ejecutivo local entiende que para poder operar no basta con estar anotado en el Registro de Actividades y Empresas Turísticas (REAT) de la Xunta como VUT. Hay que tener también un título habilitante (la antigua licencia) que emita el Concello. En el REAT quedan en estos momentos registrados 807 pisos turísticos en Santiago. Los que tienen licencia se cuentan con los dedos de las manos.

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Sin embargo, muchos pisos siguen funcionando. Según el portal especializado AirDNA en la capital gallega hay en estos momentos 586 operativos. La cifra coincide con la que ofrece el Instituto Nacional de Estadística (INE), que en agosto contabilizaba 580. Ambos utilizan programas de software para extraer los datos de las plataformas más utilizadas de alojamiento turístico en España.

Tanto desde la asociación de propietarios, como desde la Plataforma por la Regulación de las Viviendas de Uso Turístico de Galicia (Previturga) piden al Gobierno local de Goretti Sanmartín que apruebe ya la normativa que queda pendiente para clarificar quién puede y quién no puede seguir manteniendo los pisos turísticos abiertos. “Hay quien funciona sabiendo que lo hace ilegalmente, pero otros creen que como están en el REAT ya están bien, es necesario que se aprueben cuanto antes las ordenanzas pendientes”, reclama el portavoz de Previturga, Carlos Debasa.

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Los intentos de poner límites a las viviendas de uso turístico llevan ya cuatro años encima de la mesa. El 27 de diciembre de 2019, el Ejecutivo de Bugallo aprobó la suspensión cautelar de nuevas licencias para las VUT. El objetivo era analizar la situación urbanística de la ciudad y proponer una regulación para que este tipo de actividad no siguiese proliferando de forma descontrolada.

En febrero de este año culminó la modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM). El documento veta los pisos turísticos en toda la zona histórica y sus barrios aledaños, regulados por el plan especial, que, según el Concello, siempre prohibió esta actividad. En total son 276 calles del centro de Compostela. Los pisos situados en estas zonas podrán seguir funcionando, pero sólo dos meses al año. Para hacerlo legalmente, Raxoi tiene que aprobar una de las dos ordenanzas que todavía quedan pendientes. Muchos de los propietarios registrados en el REAT “con el tema de los 60 días les llega”, indican desde Aviturga. Con esta posibilidad podrían, por ejemplo, alquilar la vivienda a estudiantes durante el curso y destinarla a peregrinos y turistas en la época estival. De momento no pueden hacerlo de forma legal porque no se ha publicado la normativa específica.

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La otra ordenanza pendiente pretende ofrecer una especie de indulto a los propietarios de viviendas turísticas que operaban sin la licencia municipal, pero que si en su momento la hubiesen pedido la habrían obtenido. Muchos dueños de pisos turísticos creían que si estaban anotados en el registro de la Xunta, pagaban impuestos por su actividad e incluso comunicaban a la policía los nombres de las personas que se alojaban en su vivienda estaban cumpliendo todas las reglas. El problema ahora es que con el cambio en el PXOM no sólo se dejó clara la prohibición de este tipo de viviendas en 276 calles, sino que para el resto de la ciudad también hay nuevas normas. Por ejemplo, a partir de febrero solo se dan licencias para VUTs que se sitúen en bajos (siempre que se permita el uso residencial en la zona en la que se encuentren) o en primeras plantas. En las consideradas zonas sensibles, además, los edificios en los que se instalen tienen que contar con seis plantas destinadas a viviendas. Entre los pisos anotados en el REAT, pocos cumplen todos estos nuevos requisitos. Pero los propietarios esperan que se aclare exactamente cuáles de las que estaban en funcionamiento antes de que se impusiesen las nuevas normas podrán seguir funcionando.

Promesa incumplida

La alcaldesa Goretti Sanmartín se había comprometido a tener un borrador de la ordenanza antes de que acabase este 2023. De momento nadie conoce el texto. Fuentes del Concello se limitan a indicar que están pendientes de recabar los últimos “informes” y no aventuran ninguna nueva fecha en la que el documento pueda estar listo. La concejala popular, María Baleato, preguntó por el tema en el último pleno municipal del año celebrado el pasado 21 de diciembre. Para sorpresa de los propietarios de Aviturga, el concelleiro de Urbanismo, Iago Lestegás, comenzó su respuesta asegurando que las VUT ya habían sido reguladas a través del cambio en el PXOM. Aunque posteriormente sí reconoció que faltaban las dos ordenanzas, no ofreció ninguna pista ni de cuándo serían aprobadas, ni cuál será su contenido. Lestegás también pidió a la Xunta que dé de baja de su registro a aquellas VUT que no cuentan con el título habilitante municipal necesario, según han reconocido numerosas sentencias, para poder desarrollar la actividad.

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Desde Aviturga aseguran que los propietarios desconocían que la exigencia de la licencia municipal era un requisito y recuerdan que la primera sentencia que dejó claro este punto se publicó en abril de 2022. Por este motivo, piden a Raxoi que no penalice a los dueños de los pisos turísticos que tenían voluntad de operar legalmente. Sin borrador encima de la mesa, la regulación definitiva aún tardará en llegar. Faltarían todavía varios pasos previos, como el periodo de exposición pública, antes de que pudiese llevarse a pleno para su aprobación definitiva.

“Nos tememos que el próximo verano va a seguir sin estar claro y ya será el tercero consecutivo”, censura Carlos Debasa, portavoz de Previturga. La plaforma, aclara, nunca se ha opuesto a la existencia de las VUTs en la capital gallega. “No estamos en contra de este modelo, esto ha llegado para quedarse, pero hay que poner algún tipo de límite, porque la ciudad tiene que ir primero y tenemos un serio problema de falta de vivienda disponible para los ciudadanos”, subraya Debasa. Desde la asociación de propietarios, sin embargo, no se ven responsables ni de la subida de los precios de alquiler, ni tampoco de que la zona histórica compostelana cuente cada vez con menos vecinos empadronados. Debasa reconoce que las VUTs no son las únicas responsables, ya que también existen unas 6.000 viviendas vacías en la capital gallega y hay pocos pisos de promoción pública, pero indica que es “un factor que ha hecho crecer el problema”.