La huelga de letrados de Justicia ya suspende en un mes unos 7.000 juicios y vistas en Galicia

La huelga de letrados de la Administración de Justicia ya deja en lo que va de año unos 7.000 juicios y vistas suspendidas en toda Galicia. Así lo estiman fuentes de la Unión Progresista de Letrados de la Administración de Justicia (UPSJ) consultadas por El CORREO semana y media después de que el presidente del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, José María Gómez y Díaz-Castroverde, haya asegurado, durante el acto de recepción oficial a los doce nuevos jueces salidos de la 71 promoción de la carrera judicial, que los paros ya habían afectado a 5.000 procedimientos.

Por provincias, A Coruña, con unos 3.000 juicios y vistas suspendidas, es la más afectada; seguida de Pontevedra, con unos 2.200; Ourense, con unos 1.400; y, finalmente, Lugo, con unos 400, donde más de 1.000 demandas de todo tipo continúan sin repartir.

Los paros de los letrados de la Administración de Justicia no son nada nuevos. Ya el pasado 2022, los juzgados gallegos se vieron paralizados en varias ocasiones –en los meses de abril, noviembre y diciembre– por las huelgas convocadas por la UPSJ, el Colegio Nacional de Letrados de la Administración de Justicia (CNLAJ) y la Asociación Independiente de Letrados de la Administración de Justicia (AINLAJ) a raíz del “quebrantamiento reiterado”, por parte del Ministerio de Justicia, de los acuerdos comprometidos en abril de 2022.

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Ahora, la situación es más compleja, pues desde el pasado 24 de enero estos paros han pasado de ser “ocasionales” a indefinidos. Su seguimiento en Galicia está siendo elevado, especialmente en ciudades como A Coruña, Ourense y Ferrol, donde el trabajo en los tribunales no para de acumularse, hasta 200.000 expedientes se encuentran parados en la comunidad gallega, y no parece que la situación mejore a menos de que el Ministerio de Justicia ceda en alguna de las exigencias de los letrados.

A Coruña es la provincia gallega en la que mayor seguimiento está teniendo la huelga de letrados de la Administación de Justicia, más del 75%. Le siguen Ourense, con un 70%; y Pontevedra y Lugo con un 60%.

Al igual que en Fuenteovejuna, los letrados de la Administración de Justicia van “todos a una” con el propósito de lograr unas reivindicaciones históricas que, según aseguran los convocantes de la huelga, han estado a punto de resolverse con el Gobierno de Mariano Rajoy, tras las numerosas protestas de los funcionarios de la Administración de Justicia, de no ser por la moción de censura que llevó en el año 2018 a Pedro Sánchez a la Moncloa.

En abril de 2022, los letrados de la Administración de Justicia llegaron a un acuerdo con el actual Gobierno, sin embargo, fuentes del CNLAJ consultadas por El CORREO aseguran que “no se han cumplido”.

“Somos conscientes del daño que estamos haciendo, pero tenemos que defender nuestros intereses. Nosotros estamos dispuestos a negociar, sin embargo, el ministerio no ha mostrado su voluntad de hacerlo, están mintiendo descaradamente. Prueba de ello ha sido la reunión que hemos tenido la semana pasada, encuentro en el que no nos han ofrecido nada. Al ministerio no le queda mas remedio que negociar, la Justicia ya está mal y no se puede hundir mas”, han criticado las mismas fuentes.

En esta misma línea, desde la UPSJ han manifestado a este diario “cierto resquemor por la actuación del Ministerio de Justicia” hasta la fecha al considerar que desde el Gobierno se “intenta tapar el conflicto sin parar de desprestigiar a los trabajadores de Justicia”, aunque todavía se mantiene la “esperanza” de que se logren las demandas de los letrados.

Las tres entidades convocantes de la huelga ya exigieron en un comunicado conjunto el pasado mes de noviembre los “mismos criterios que tienen el resto de funcionarios” que dependen del Departamento, un hecho que conllevaría mejoras retributivas para el cuerpo.

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Entre los puntos destacados de dicho comunicado se encontraba la “cláusula de enganche” de retribución de los Letrados de la Administración de Justicia, quienes piden que se incluya, vía enmienda, en la Ley de Eficiencia Organizativa.

Las organizaciones convocantes también subrayan la petición de reducción de los grupos de población de cinco a tres, una medida que, según ha indicado el Colegio Nacional de Letrados, “supondría la aplicación de las mismas cuantías por complemento general de puesto existentes actualmente, como los médicos forenses, a los letrados de Justicia”.

Asimismo, los letrados reclaman que se actualice de forma “inmediata” el porcentaje actual destinado al concepto de productividad. Asimismo, piden que se recuperen los días de libranza, “respecto de aquellas sustituciones que no daban lugar a retribución económica”.

Este viernes, 24 de febrero, será una buena oportunidad para que el Ministerio de Justicia dé un paso adelante en la resolución del conflicto con una nueva reunión con los letrados de la Administración de Justicia que ha sido convocada de 10.30 a 12.00 horas por el Secretario General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, Manuel Olmedo.

De continuar el inmovilismo del departamento dirigido por Pilar Llop, los letrados de la Administración de Justicia seguirán ejerciendo su derecho a la huelga y, con ello, continuará el retraso en los juicios que ello implica.

Cada día que pasa la situación se está volviendo más compleja. Tanto es así que fuentes de la UPSJ han asegurado a El Correo Gallego que “las próximas elecciones municipales podrían estar en riesgo” ya que, según la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (LOREG), los letrados de la Administración de Justicia deben intervenir en la composición de las mesas electorales, así como en la revisión del recuento de votos al tener que formar parte de las Juntas Electorales. “Esto es algo inédito. Todavía no hay establecidos servicios mínimos. ¿Qué pasará?”, se preguntan.