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Residencias privadas a medio gas por tarifas para dependientes que rondan los 3.000 euros al mes

La patronal de los centros habla de precios ajustados al servicio que se presta y achaca las vacantes a la falta de personal // Los geriátricos buscan enfermeras en Sudamérica

Usuarios da residencia pública de Campolongo, en Pontevedra  / rafa vázquez

Usuarios da residencia pública de Campolongo, en Pontevedra / rafa vázquez / susana lópez carbia

Galicia es la segunda comunidad autónoma con las pensiones de jubilación más bajas del Estado, sólo por detrás de Extremadura. Con una esperanza de vida que el último informe de Eurostat sitúa en los 83,9 años y un 26,11 por ciento de población que ahora mismo tiene más de 65 años, la atención a la tercera edad se sitúa como uno de los desafíos más importantes a los que se enfrenta no solo la Administración, sino las propias familias, que en un momento u otro han de enfrentarse al dilema de cómo cuidar a sus mayores.

Pero en un escenario en el que las plazas públicas de residencia son insuficientes para dar respuesta a la demanda, como demuestran las cifras de mayores que esperan una vacante en Galicia: alrededor de 1.600, los centros privados aparecen como la única alternativa para muchas familias, que se ven obligadas a hacer cuentas y a apretarse el cinturón para poder hacer frente al gasto que supone ingresar a sus mayores en uno de estos geriátricos.

Sin embargo, y a pesar de la falta de plazas residenciales, son varios los geriátricos privados que abrieron sus puertas tras la pandemia que siguen sin completar las camas de las que disponen, según los datos que maneja la Federación Gallega de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias REDE. El presidente del colectivo, Paulino Campos, explica que las vacantes se localizan sobre todo en residencias de en torno a 100 o 120 plazas y de camas 100% privadas.

Campos censura que las empresas privadas “lleven años haciendo su particular agosto” a costa de familias que muchas veces se encuentran en situación de “total desamparo”. Y pone ejemplos como el de una vecina de Santiago que “en apenas dos conversaciones vio cómo la tarifa de la residencia privada en la que va a ingresar subía 100 euros”, hasta los 2.000 euros mensuales. En este sentido, recuerda que la normativa establece que los geriátricos están obligados a hacer públicas sus tarifas máximas por día en el Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais (RUEPSS).

El presidente de REDE, colectivo que dio lugar a la Plataforma Estatal de Organizaciones de Familiares y Usuarias de Residencias, habla de “precios disparatados”, muy lejos del poder adquisitivo real de los pensionistas en Galicia, que rondan los 1.000 euros mensuales de media y que se encuentran con centros privados con tarifas que “duplican o triplican sus ingresos mensuales”.

Pero para la patronal de los geriátricos privados, no se puede hablar de precios desorbitados, sino de un servicio que simplemente es “costoso de por sí”. Como señala el presidente de la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad (AGARTE), José Manuel Pazos, “la sensación es que las plazas públicas son más baratas porque las pagamos entre todos, pero, en realidad, su coste es mucho más alto que el de las plazas privadas”. De hecho, Pazos avanza que, si no hay cambios en la financiación, “habrá residencias que acabarán por renunciar a las plazas concertadas”, porque no les compensarán económicamente.

En este momento, sostiene Pazos, Galicia está en la horquilla medio-baja de precios y en niveles de máxima exigencia. “Hay comunidades autónomas que no requieren tener médico o enfermería 24 horas, como ocurre aquí”, explica. El presidente de AGARTE sitúa en unos 2.300 euros la tarifa media que tienen establecida las residencias privadas en Galicia, pero insiste: “o hay cambios o nos vamos a encontrar con que, si se aplica el nuevo modelo de residencia, con centros que van a necesitar muchos más metros y con ratios de personal mayores, la plaza residencial no va a poder bajar de los 3.000 euros y pico”.

La cuestión es ¿cuántos mayores pueden hacerle frente a una tarifa que triplica la pensión media? La Federación REDE pone ejemplos de centros privados que “han tenido que habilitar precios promocionales de inauguración” para poder ir cubriendo sus plazas. Uno de ellos se sitúa en pleno centro de Pontevedra y, tras 14 meses de funcionamiento, cuenta aún con 54 camas sin ocupar de un total de 120. REDE denuncia que la residencia no ha hecho públicos sus precios en el registro RUEPSS.

Sí son públicos los precios de una residencia inaugurada hace año y medio en Oleiros que, según REDE, tampoco ha conseguido cubrir el 32 por ciento de sus 140 plazas, con precios que oscilan entre los 2.695 euros por una habitación doble para grandes dependientes y los 2.995 euros por una individual.

Ejemplos a los que REDE añade el de una residencia situada en Santiago, que acaba de cumplir medio año de vida y que se ha visto obligada a rebajar considerablemente sus tarifas iniciales “porque el ritmo de ingreso de usuarias era lentísimo, posiblemente”, según Campos, por lo “desproporcionado” de las tarifas, de entre 3.200 y 4.100 euros al mes. En este caso solo la quinta parte del aforo ha sido completado, según el colectivo, con 85 plazas libres de las 110 totales.

Desde la Asociación Gallega de Residencias de la Tercera Edad niegan que las vacantes que puedan existir en los centros tengan que ver con lo costoso de las tarifas. La razón, según su presidente, es bien distinta. “Si hay plazas libres es, sobre todo, porque no encontramos personal”. Según Pazos, hacen falta médicos, enfermeros y auxiliares de enfermería, en parte, porque “con la pandemia, mucha gente acabó por dejar el sector”.

Urgen profesionales

Las dificultades para encontrar personal son tan grandes que son muchas las residencias privadas que están buscando personal fuera de nuestras fronteras, fundamentalmente a través de convenios con países de Sudamérica. “Lo que más nos urge es encontrar enfermeras”, apunta Pazos y recuerda que hace un año, la residencia en la que trabaja logró traer a cinco enfermeras procedentes de Perú. Eso sí, los trámites para formalizar estos contratos pueden prolongarse durante “seis o siete meses”. Y las necesidades son acuciantes e inmediatas.

Y a quien se cuestione cómo es posible que una plaza de residencia pueda costar 3.000 euros al mes, el presidente de AGARTE le pregunta: “¿Cuánto te cobran en un hotel, 50 euros, 60 euros? ¿Y tienes médico? ¿Tienes quien te bañe, quien te haga una rehabilitación, quien te lave la ropa, quien te dé de comer? ¿Es cara una residencia? Pues no, es costosa, porque todo ese personal hay que pagarlo”.