Los 38 concellos por los que discurre la AP-9 podrán cobrar ya a Audasa la totalidad del IBI

Los 38 concellos gallegos por los que discurre la Autopista del Atlántico (AP-9) podrán pasar a cobrarle a Audasa el 100% del impuesto urbano de bienes inmuebles (IBI) desde el presente año, del que hasta este momento cobraban a la concesionaria tan solo el 5% de la tasa, algo a lo que estaban obligados por una ley franquista, de 1972, la Ley de Autopistas, todavía en vigor.

Responsables de veintidós de esos ayuntamientos (A Coruña, Culleredo, Cambre, Bergondo, Betanzos, Paderne, Cabanas, Ferrol, Oleiros, Mesía, Ordes, Oroso, Santiago, Teo, Padrón, Valga, Caldas, Mos y Abegondo) , se reunieron ayer en la casa consistorial de Abegondo convocados por su regidor José Antonio Santiso. Aunque otros concellos como Ames “non puideron asistir, a pesar de apoiar a reivindicación ao cento por cento”. Allí acudió también “un consulting de Madrid” para hablar de la importante puerta que se les abre a los municipios que soportan estas infraestructuras para reclamar el pago íntegro del impuesto.

El Real Decreto 173/2000 –que supuso el convenio de ampliación de la autopista– estableció en su cláusula número veinte que esa bonificación del 95% de la tasa caducaría “a partir del día 19 de agosto del año 2023 inclusive”, en el caso gallego. Para la autopista Asturias-León (A66), esta disposición caducó ya en 2022 y los ayuntamientos afectados, tanto en el Principado como en Castilla y León, reclamaron sin problemas ni oposición por parte de Audasa el cobro íntegro del tributo.

Letrados de este consulting, Gonzalo Abogados, de Madrid, que ya había reclamado en 2017 el cese de la bonificación ante la Comisión Europea (por encargo de Abegondo, Betanzos, Ferrol y Miño) sin lograrlo, se ofrecieron ayer a los alcaldes y concejales de estos veintidós concellos a elaborarles informes a medida para cada municipio, con datos precisos de cuánto tienen que reclamar, e incluso acudir a los tribunales en caso de que fuese necesario, para lo que se llevarían un porcentaje del cobro del IBI.

Sin embargo, ante las precisas preguntas de la concejala del ayuntamiento coruñés de Miño, Emma González (que es abogada), los letrados de este despacho admitieron que no es necesario ningún trámite con abogados, ya que basta con que el concello gire nuevos recibos con la nueva cantidad, del 100% del IBI, y ya está. Lo haría el propio ayuntamiento o la Diputación, en el caso de los que tienen delegada esta competencia.

Entra en vigor la última prórroga de la concesión de la AP-9 con la tranferencia en el aire

En este sentido, la Deputación de A Coruña confirmó ya ayer mediante un comunicado que este año liquidará el 100% del IBI en los 18 ayuntamientos por los que discurre la Autopista del Atlántico y que tienen delegada la gestión del cobro de sus tributos en la institución. Es el caso de la capital gallega, Teo, Oroso, Padrón o Ames.

El concelleiro de Facenda compostelano, Manuel César Vila, que acudió al encuentro en representación del Pazo de Raxoi señalaba ayer en conversación con EL CORREO que Compostela percibe en la actualidad aproximadamente 35.000 euros anuales por el 5% del IBI. Con el cese de la bonificación, la capital gallega percibiría del orden de 700.000 euros. Un ingreso adicional, que es ya muy importante para el erario público de una ciudad como Santiago, pero que cobra todavía una relevancia mayor en los concellos de un menor tamaño donde este impuesto supone la mayor parte de los ingresos en las arcas municipales.

Así lo explicaban los alcaldes de Oroso y Padrón que acudieron personalmente al encuentro. El regidor del municipio de la comarca de Ordes, Álex Doval, apuntaba que su localidad pasaría a ingresar 250.000 euros más al liquidar a la concesionaria el 100% del tributo. Una cantidad todavía más elevada en el caso de Padrón, como señalaba, Anxo Rei Arca: “Segundo os nosos cálculos pasaríamos de recibir de los 18.341 euros actuales a más de 366.000. É unha cantidade moi importante”. Y es que estos montantes económicos redundarían, finalmente, en beneficio de los vecinos de estas localidades en forma de servicios o obras, ya que los gobiernos locales gozarían de una liquidez mucho más elevada para poder llevarlos a cabo.

El diputado provincial José Ramón Rioboo aseguró que el organismo provincial estima que estos 18 concellos coruñeses en conjunto pasarán de cobrar 175.000 euros a más de 3,7 millones de euros eliminando la bonificación a Audasa.

El despacho Gonzalo Abogados, que hizo un informe para el concello abegondés para que cobrase el IBI a eléctricas y al gasoducto, planteó que se podría reclamar no desde 2024 sino desde septiembre de 2023, mientras que Audasa consideraría que sería desde 2024 porque el IBI se devenga en enero.

Por su parte, la compañía concesionaria prevé que tendrá que dedicar al pago de este tributo en los 38 concellos un total de siete millones de euros.

Valor catastral

Precisamente, el balón está este momento en el tejado de Audasa, que una vez disponga de los nuevos recibos tendrá que decidir si opta por acudir a la vía judicial, aunque la previsión realizada ya por la concesionaria, así como su proceder en el caso de la A-66, invita a pensar que es una acción a la que no recurrirá.

En caso de hacerlo, los concellos reunidos ayer en Abegondo se emplazaron a actuar de forma conjunta en los tribunales.

No obstante, ese no es el único paso que tocará dar en el futuro, como incidieron en las conversaciones con este diario tanto el alcalde de Oroso, Álex Doval, como el concelleiro de Facenda santiagués, Manuel César Vila. Y es que ambos apuntan que una vez pasado el recibo del 100% del IBI a Audasa, tocará a medio plazo realizar una revisión catastral de la infraestructura. Y es que en ambos concellos, la autopista consta como un único elemento, de modo que las obras realizadas en los últimos años –con circunvalaciones, ramales y entradas o salidas de la autopista– no figuran por el momento en el registro de ninguno de los dos concellos.