La semana poselectoral

UNA VEZ MÁS, NADIE PERDIÓ las elecciones. Esto ya no nos sorprende. Es bien cierto que el PP las ganó; pero sin mayoría suficiente, según unos, por acercarse demasiado a Vox, y según otros, por haberlo demonizado en exceso en detrimento de otros rivales. El PSOE también se siente ganador, sin haberlo sido; y depende ahora no ya de sus socios anteriores, sino también de EH Bildu y, especialmente, de los independentistas de Junts. Sumar también perdió escaños que ya le reprochan desde Podemos, pero que los de Yolanda Díaz disfrazan con la alegría que los caracteriza. Ya veremos cómo se pelean por los ministerios si vuelven a reeditar la coalición. Vox culpa al PP de su tremendo varapalo electoral, sin considerar el temor que ha suscitado un discurso tan intolerante y reprochable, como inaplicable en pleno siglo XXI. Incluso los secesionistas de ERC, al igual que los nacionalistas del PNV, hacen gala de su futura influencia en el Gobierno de la nación, sin aludir a su evidente pérdida de escaños.

Éste es el panorama. Y mientras se barajan posibles pactos, concesiones e investiduras, los ciudadanos españoles reconocemos que éramos conscientes del proceso de inestabilidad que se nos venía encima independientemente de quien ganara las elecciones; a lo que debemos añadir el impacto inevitable de las futuras directrices dictadas desde Bruselas, incluyendo el pago de los peajes en nuestras autovías, la subida de los tipos de interés, y los recortes del gasto público para frenar deuda y déficit. De eso deberían habernos hablado antes los dirigentes de las formaciones políticas; e incluso ahora que ya han pasado las elecciones. Pero no; los líderes mayoritariamente votados han dejado el protagonismo en manos de los representantes de los partidos nacionalistas, que son quienes ahora acaparan la prensa y los medios de comunicación, como si fuesen ellos los que hubiesen ganado los comicios. Y es que, de algún modo, sí los han ganado, y, por extensión, los ciudadanos vascos y catalanes. Porque no sólo conseguirán prebendas en forma de amnistías y quizá referéndums, sino también a nivel económico e inversor, como ya venía sucediendo.

Llega uno a pensar si no sería más práctico que votaran ya directamente los ciudadanos de determinadas comunidades, pues son quienes, a fin de cuentas, decidirán el futuro de nuestro país y también el de nuestra economía, además del de la suya. Habría una alternativa a esta situación para hacer valer los votos y las opciones de las formaciones de ámbito nacional si los partidos más votados alcanzaran ciertos pactos de Estado en temas que nos afectan a todos. La mayoría de los ciudadanos deberían poder decidir con sus votos el devenir de España. Pero esto no sucederá ni ahora ni en el futuro con la actual Ley electoral; ni siquiera para darle una cierta estabilidad al Gobierno.