Ocho grandes empresas aspiran a hacerse con el contrato de 450 millones para la gestión del agua

El gobierno local de Santiago está convencido de que el contrato de gestión del ciclo integral del agua de Santiago es un proyecto de suficiente envergadura como para movilizar todo el sector, generándose una competencia en el proceso de licitación que será beneficiosa a la hora de aprobar la adjudicación y de lograr un servicio óptimo. Se trata de un contrato con una duración prevista de 25 años y una dotación de 450 millones de euros, con los que habrá que renovar buena parte de la red de saneamiento y abastecimiento del municipio y extenderla a zonas, principalmente del rural, donde todavía no existe. Solo para poner al día las canalizaciones se calcula que harían falta en torno a cien millones de euros, según los cálculos del ejecutivo local.

Más allá del debate sobre la posible municipalización del servicio que defiende Compostela Aberta y de los informes técnicos que exigen el PP y el BNG, motivos que paralizaron la licitación del contrato, las buenas previsiones del ejecutivo en cuanto a la concurrencia de empresas y posibles mejoras sobre los pliegos son confirmadas por fuentes del sector consultadas por EL CORREO.

Desde una gran compañía que se dedica desde hace décadas a la prestación del servicio de gestión del ciclo integral del agua, sostienen que “es muy probable que las ocho grandes empresas que se dedican en España a la gestión del agua se estén preparando para presentarse al concurso, porque se trata, sin duda, de un proyecto muy ambicioso”.

Asumir el servicio en Santiago “supone un reto para todos”, reconoce, puesto que “el estado en el que se encuentran las redes de abastecimiento y saneamiento es muy precario y a medida que va pasando el tiempo se va deteriorando más”. En este sentido, esta fuente del sector recuerda que la actual concesión se acabó en 2019, tras agotar las prórrogas, y que desde entonces “no se han hecho inversiones para mejorar la infraestructura”. Según los datos a los que han podido acceder empresas interesadas en presentar una oferta en el proceso de licitación, la capital gallega cuenta con una red de 1.300 kilómetros de tuberías de abastecimiento y saneamiento, “de las que gran parte están obsoletas”.

Además, detalla, las tuberías de fribrocemento, “que ahora están prohibidas”, suman 80 kilómetros de red de la ciudad, las cuales “habría que sustituir de manera inmediata”.

“Teniendo en cuenta que se trata de un contrato muy atractivo, todo apunta que se van a presentar al menos las ocho grandes empresas del sector: Agbar, Aqualia, Facsa, Sacyr, Acciona, Gestagua, Socamex y Espina & Delfín”, incide el experto, al tiempo que destaca que “es muy bueno que haya mucha competencia, porque evidentemente ello permitirá conseguir una mejor calidad en la prestación de este servicio”.

Por otro lado, sostiene que “los problemas de turbieza que sufren muchos vecinos de diferentes barrios es otra de las deficiencias que necesitan una solución urgente, porque constan muchas quejas”. Y también apunta que habrá que abordar “las fugas constantes de agua, porque en torno al 25 % del agua de Santiago se pierde por la red”.

Con esto, insiste en la urgencia de que la licitación del contrato salga adelante cuanto antes, “porque, a medida que se retrasa, el estado de la red empeora y por lo tanto la calidad de la prestación”. Como ya ha indicado la edil de Medio Ambiente, Mila Castro, la licitación ya no se contempla en este mandato, después de que haya quedado bloqueada en el pleno municipal del pasado 12 de septiembre.

Por lo tanto será un debate que tendrá que reabrir la próxima Corporación, la cual deberá tener en cuenta que actualmente se registran en torno a 300 averías al año por roturas en la red de abastecimiento o saneamiento, que solo el año pasado afectaron a más de 14.000 propietarios. El actual gobierno, como anunció el alcalde, dejará sobre la mesa los actuales pliegos preparados para la licitación, aunque, como ya advirtió Mila Castro, es muy probable que requieran de una revisión, sobre todo en la parte económica, puesto que el alza de precios de los últimos meses podría tener un impacto sobre los costes de la prestación.