Raxoi confirma que no recurrirá la sentencia que anula la licencia de la gasolinera de Brandía

El pasado mes de octubre y tras años de lucha, los habitantes de las 132 casas de la urbanización de Brandía mostraban su satisfacción con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) en la que anulaba la licencia de la gasolinera. La justicia ordenaba entonces también el derribo de la infraestructura, algo que aún podría tardar en materializarse y suponer un menoscabo para las arcas municipales. En ese momento Raxoi afirmaba que no tenía la intención de recurrir el fallo en casación.

En cuanto a la licencia, el Concello de Santiago ha confirmado este lunes que no interpondrá recurso contra la sentencia que pesa sobre la estación de carburantes de Brandia.

Así lo ha avanzado en rueda de prensa la alcaldesa de la capital gallega, Goretti Sanmartín, que ha señalado que por los informes con los que cuenta el consistorio "no parece que procediese indemnización".

Con todo, ha reconocido que otras partes pueden interponer recursos, por lo que ha instado a esperar a ver la sentencia firme y a partir de ahí emitir una valoración al respecto.

"Hoy trasladamos la decisión clara de no recurrir la sentencia. Una vez que la sentencia sea firme, hablaremos", ha zanjado la regidora compostelana.

El coste del derribo

La principal duda es quién asumirá el coste del derribo. Alba Nogueira, portavoz de los vecinos de la urbanización de Brandía, explicó en octubre a EL CORREO GALLEGOque Carburantes Lugo había cifrado en el pasado en 1,5 millones de euros el coste. La cifra, en su opinión, era exagerada dado que “toda la instalación apenas llegó a los 300.00 euros”. Sea cual sea el coste final, la empresa podría reclamar al Concello una compensación por conceder la licencia que ahora se considera ilegal. El TSXG entiende que el proyecto tenía que haber sido redactado por un ingeniero industrial y no por una arquitecta y un ingeniero técnico industrial.

“Ahora falta la decisión jurídica de quién paga la demolición, lo más probable es que sea toda la ciudadanía”, lamenta Nogueira. Para los vecinos, “es una satisfacción” que se ordene el derribo de “una instalación peligrosa situada apenas a cinco metros de algunas viviendas”, pero asumen que aún tardarán en ver la zona sin la gasolinera, que ya está construida pero nunca inició su actividad. Nogueira se muestra muy crítica con la actitud del anterior gobierno local y acusa a Sánchez Bugallo de recurrir el primer fallo que anulaba la licencia, pese a existir “informes de la asesoría jurídica municipal” que ya no lo recomendaba.

La actual alcaldesa celebró entonces la decisión del TSXG. “Nosotros nunca defendimos que ahí pudiese haber una gasolinera al lado de una urbanización, entedemos que no era lógico y entendemos que la justicia hace su trabajo en este caso”, subrayó Sanmartín. La regidora del BNG reconoció que la asesoría jurídica está estudiando el posible impacto económico de la sentencia en el Concello de Santiago. “Aún no está encima de la mesa veremos si existe algún recurso o no y una vez que eso esté confirmado miraremos cuál es el procedimiento”, señaló tras ser preguntada por los medios.