Piden cuatro años y medio de cárcel para un vendedor de Cee por estafa continuada

La Fiscalía pide cuatro años y medio de prisión y el abono de más de 30.000 euros para un vendedor de muebles de Cee, al que se le acusa de un delito continuado de estafa y otro de falsedad en documento mercantil. El juicio por estos hechos se llevará a cabo en la Audiencia Provincial de A Coruña el próximo miércoles, día 12, a las 12.15 horas.

Tal y como consta en el escrito de acusación del Ministerio Fiscal, el acusado, desde al menos el año 2016, se dedica de manera continuada a la venta de muebles en la localidad de Cee. En ambos locales donde desarrolló su actividad les ofrecía a los clientes la posibilidad de sufragar sus compras previa entrega de documentación personal, que luego empleaba para formalizar el contrato de financiación.

El escrito indica que, entre los meses de agosto de 2018 y marzo de 2019, el acusado concertó “de manera indebida préstamos de diferentes entidades de crédito con los que obtener una cantidad de dinero que, posteriormente, ingresaría en cuentas bancarias de su titularidad”, así como “en algún caso, tarjetas de crédito con las que realizaría compras de diferente importe que se cargarían en cuentas bancarias de sus clientes”.

Así, en junio de 2018 solicitó una tarjeta de crédito facilitando el DNI de un cliente con la que realizó compras por valor de 653,99 euros. Ese mismo mes, siguiendo el mismo método y alterando documentos, pidió un préstamo de 5.000 €, operación que repitió en noviembre de ese año con otra entidad financiera por valor de 19.500 €. En noviembre, valiéndose de una aplicación móvil bancaria, al ser conocedor de las claves de su empleado, realizó dos transferencias (la primeira de 10.000 y la segunda de 9.500 euros) para incorporar a una cuenta de la que era titular la totalidad de dicho crédito, del que tan solo consta que abonase una de las cuotas.

Posteriormente, en marzo de 2019, logró obtener otro crétido por importe de 3.500 euros.

PRISIÓN PROVISIONAL. Por estos hechos, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº1 de Corcubión acordó, mediante auto de fecha 9 de abril de 2019, como medida cautelar, la prisión provisional comunicada y sin fianza del acusado, situación en la que permaneció hasta el día 19 de junio del mismo año en que fue puesto en libertad por el mismo órgano judicial.

De este modo, la Fiscalía solicita ahora cuatro años y medio de prisión, así como el abono a diferentes entidades bancarias y particulares, que suman un total de 30.735,8 euros.