Arcos Iris denuncia el enterramiento de uralitas y amianto en varias fincas de Dumbría

Vecinos de Dumbría han denunciado a Arco Iris que se han detectado actividades ilegales en varias fincas del municipio que podrían ser constitutivas de presuntos delitos ambientales y contra la salud pública. Los hechos, puestos ya en conocimiento de la Dirección General de Patrimonio Natural, consisten en el enterramiento de residuos tóxicos como uralita y amianto en las cercanías del lugar de A Pedriña.

Desde Arco Iris señalan que la gestión de este tipo de productos altamente peligrosos se encuentra regulada por una estricta legislación (Real Decreto 396/2006). El amianto fue prohibido en España tanto para su uso como para su comercialización en el año 2002, tras la Orden ministerial del 7 de Diciembre de 2001, que modifica el anexo I del Real Decreto 1406/1989.

Dicho colectivo asegura tener constancia de que los vertidos ilegales se siguen produciendo, a pesar de que el Seprona ha sido ya advertido de los mismos, "por lo que es de suponer que ya ha sido redactado el parte correspondiente". Exige a Medio Ambiente que explique con todo lujo de detalles si tiene o no constancia de los hechos y, en ese caso, en qué situación se encuentra la investigación en curso.

Denuncian asimismo que, tras los vertidos en Sobrado, Somozas y ahora en Dumbría, "queda demostrado que se extiende por Galicia la práctica de usar parcelas agrícolas como vertederos clandestinos cuya proliferación la Xunta ha sido incapaz de controlar". Por todo ello, Arco Iris insta a Medio Ambiente a destinar medios humanos y materiales para constituir una unidad especial que detecte los vertederos ya existentes y persiga la aparición de nuevos focos contaminantes.

Por lo tanto, los hechos denunciados, cuyo presunto responsable ha sido ya identificado y notificado a las autoridades competentes, podrían ser constitutivos de un delito ambiental, con sanciones que podrían alcanzar los 800.000 euros por la retirada de amianto sin permiso. El Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, faculta a Medio Ambiente a barajar multas disuasorias e imponerlas en casos como el presente, del que existen pruebas contundentes.