La Xunta sigue el ejemplo de Ayuso y se une al recurso contra el impuesto a las grandes fortunas
Lo acuerda justo después de que el TC admitiese a trámite el de la Junta y al igual que lo presentó la Comunidad de Madrid
EP
La Xunta ha aprobado en su reunión semanal de este jueves interponer recurso de inconstitucionalidad contra el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas --en concreto en relación con el artículo 3 de la ley 38/2022, de 27 de diciembre--.
Rueda ha indicado que el Gobierno gallego detecta "varias vulneraciones", una de ellas "clarísima" a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene trasferidos.
De ello ha informado el presidente gallego, Alfonso Rueda, en la comparecencia posterior al Consello, que ha dado el visto bueno a este recurso después del dictamen favorable del Consello Consultivo.
Rueda ha indicado que el Gobierno gallego detecta "varias vulneraciones", una de ellas "clarísima" a la autonomía financiera de la comunidad, por los tributos que tiene trasferidos.
"En la práctica", ha censurado, este nuevo tributo "anula y desactiva cualquier bonificación de la Xunta", de ahí el "ataque directo" que percibe, por lo que acuerda presentar recurso de inconstitucionalidad.
Antecedentes
Este mismo martes se conoció que el Tribunal Constitucional acordó admitir a trámite el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Junta de Andalucía contra uno de los artículos de la ley sobre el impuesto temporal de solidaridad de las grandes fortunas --que grava el patrimonio neto de las personas físicas de cuantía superior a 3 millones de euros--, aunque ha denegado suspender el texto de forma cautelar.
También el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, interpuso el 1 de febrero ante el Tribunal Constitucional un recurso contra el nuevo impuesto de solidaridad a las grandes fortunas, en el que solicita su suspensión cautelar.
Los argumentos
En un comunicado de prensa remitido después del Consello, la Xunta concreta que, "tal y como se precisará en el recurso", la comunidad considera que dicho impuesto "anula, desactiva y modifica la cesión hecha, sin ajustarse además a las reglas y procesos que serían necesarios para la modificación de esa cesión".
Añade que además de "vaciar de contenido" las competencias normativas autonómicas que se ejercen con base en la autonomía financiera autonómica gallega, el recurso también alegará
vulneración del principio de seguridad jurídica, ya que la entrada en vigor de la norma el 29 de diciembre de 2022, provoca que la entrada en vigor del impuesto y el pago se produzcan prácticamente en el mismo momento, privando a los contribuyentes del tiempo mínimo necesario para prever su tributación".
Finalmente, el recurso también trasladará al Tribunal Constitucional "que hay vulneración del procedimiento legislativo con relevancia constitucional", al destacar que el impuesto "no fue incluido en el texto inicial de la proposición de ley presentada ante el Congreso, sino que fue incorporado muy posteriormente en trámite de enmiendas a una proposición de ley sobre materia distinta, incumpliendo la doctrina sobre la conexión mínima de homogeneidad".
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