El BNG reclama el rescate de la AP-9 que "tendría que ser gratuita" a partir del jueves

Este 17 de agosto terminaba la anterior concesión prorrogada hasta 2048 por el gobierno de Aznar

Cualifica de "obscenos" los 36 millones de euros obtenidos por Audasa en el primer semestre de 2023

El diputado del BNG, Luís Bará, en rueda de prensa

El diputado del BNG, Luís Bará, en rueda de prensa / BNG

E.P.

El BNG ha vuelto a reclamar el rescate de la concesión de la AP-9 a Audasa por lo que pide un estudio independiente encargado por el Parlamento de Galicia para determinar la viabilidad de anular la prórroga establecida hasta 2048 y el coste que tendría este rescate para las arcas públicas. Según ha recordado el diputado del BNG Luis Bará, en una rueda de prensa este lunes en el Parlamento, la AP-9 "tendría que ser gratuita" desde el 17 de agosto de este año, cuando terminaba la anterior concesión que fue prorrogada en el año 2000 por un Gobierno del PP durante 25 años más de manera "irregular".

Así que ha puesto al PP como "máximo responsable de esta estafa y ultraje" a Galicia, aunque también ha responsabilizado al PSOE porque ambos "boicotearon la transferencia" de la AP-9 a Galicia y prorrogaron la concesión a Audasa.

Beneficios "obscenos" de Audasa

Bará ha calificado de "beneficios obscenos" de 36 millones de euros obtenidos por Audasa en el primer semestre de 2023 que "baten todos los récords", con un incremento de casi un 70% con respecto al mismo período del año anterior, pese al aumento de solo el 3,75% de los usuarios, una media diaria de 24.000.

Unos ingresos brutos de casi 90 millones de euros que apuntan a que en todo 2023 podrá superar los 200 millones y unos beneficios de "cerca de 80 millones", según Bará, quien ha considerado "escandalosos" estos resultados por lo que suponen de recaudación en peajes en Galicia.

Por eso, aparte de volver a reclamar la transferencia de la AP-9 a la Xunta, el BNG pedirá en el próximo período de sesiones, que se inicia en septiembre, que se anule la prórroga concedida por el Gobierno de Aznar en el año 2000, dado que otras autopistas en España son ya gratuitas, como la AP-7, la AP-4 o la AP-1, por lo que cree que es un ejemplo claro de "discriminación" a Galicia.

Para el BNG, el coste del rescate de la concesión siempre será "menor" que el pago que el Estado tiene que realizar hasta 2048.