El PSdeG exige a la Xunta que garantice el aborto en centros públicos

El PSdeG exige a la Consellería de Sanidade que garantice que las mujeres gallegas puedan ejercer su derecho a la interrupción voluntaria del embarazo en el centro público más próximo, y considera "inadmisible" el concurso presentado este mes para externalizar el servicio. La portavoz de Igualdad del Grupo Socialista, Noa Díaz, ha presentado iniciativas parlamentarias para que el Gobierno autonómico garantice el cumplimiento pleno en Galicia de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo y ha criticado este "nuevo giro" de la Xunta al contratar el servicio.

Así, ha cuestionado "si los pactos de investidura en el Estado del señor Feijóo tienen algo que ver con este nuevo giro del PP" en Galicia, aludiendo a los acuerdos con Vox en algunas comunidades.

Según ha considerado, la decisión de externalizar el servicio amparándose en el "derecho a ejercer la objeción de conciencia" está en contradicción con la respuesta del conselleiro de Sanidade, Julio García Comesaña, a una interpelación socialista en enero cuando dijo que la objeción no era "un problema" y que Galicia contaba con medios para practicar abortos en el sistema público.

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Ahora el Servizo Galego de Saúde (Sergas) quiere externalizar el servicio amparándose en la "falta de recursos, tanto materiales como humanos", ha reprochado, al sacar a contratación la interrupción voluntaria de embarazos de menos de 14 semanas de gestación con un coste de 500.000 euros durante los próximos 3 años, prorrogable a 5.

Esta decisión contradice, ha advertido, la Ley 2/2010, que fue modificada a comienzos de este año para garantizar que las mujeres que decidan abortar puedan hacerlo en el centro público más próximo a su casa.

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Díaz pide a Sanidade que presente un informe anual con los datos del registro digital de interrupciones voluntarias del embarazo del Sergas, y cuántas se derivan a clínicas privadas.

También que muestre su "rechazo a cualquier posición que vulnere los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres amparados en la legislación vigente" y que elimine las subvenciones a entidades que no respeten estos derechos.