Santiago y Oroso, pendientes de si el valor catastral de la AP-9 está actualizado tras las ampliaciones

Los 38 concellos gallegos por los que discurre la Autopista del Atlántico saben desde el pasado martes que a partir del presente año pueden pasar a cobrarle a Audasa el 100% del impuesto urbano de bienes inmuebles (IBI) por la porción de la infraestructura que se encuentra dentro de su término municipal.

La noticia implica un cambio estructural, ya que hasta el momento estos ayuntamientos pasaban únicamente un recibo a la empresa concesionaria por el 5% de una tasa que supone la mayor parte de los ingresos de los concellos –sobre todo para los más pequeños–, por lo que la ampliación de liquidez en las arcas municipales será más que significativa.

Los 38 concellos por los que discurre la AP-9 podrán cobrar ya a Audasa la totalidad del IBI

No obstante, existen todavía incertidumbres que los gobiernos locales quieren despejar aunque saben que no será una tarea que resuelva en el corto plazo. Y es que aquellos concellos en los que se acometieron ampliaciones en el recorrido de la infraestructura sospechan que su valor catastral no fue todavía actualizado tras estas modificaciones.

En esta situación se encuentran tanto Santiago de Compostela como el vecino concello de Oroso. En el caso de la capital gallega son dos las ampliaciones en cuestión. Por una parte, la actuación finalizada en 2017 para ensanchar la autopista a cuatro carriles por sentido en el subtramo Santiago norte-Santiago este y a tres entre Santiago este y Santiago sur que afectó a un tramo de aproximadamente ocho kilómetros y medio. Así como el enlace de 1,6 kilómetros que une la Autopista del Atlántico con la Cidade da Cultura, inaugurado en febrero del 2019.

Por su parte, el ayuntamiento de la comarca de Ordes duda si en el Catastro figura la superficie ocupada por el enlace abierto al tráfico, también en 2017, y que permite acceder desde Sigüeiro a la autopista en dirección a la capital gallega. Además, también de salir en este núcleo de Oroso a los vehículos que circulan en dirección A Coruña.

El propio alcalde de la localidad orosana, Álex Doval, señalaba ayer a EL CORREO que el Gobierno local “le solicitará al Catastro que haga una revision de la superficie ocupada por la AP-9 en el término municipal con el objetivo de observar si están incorporados todos los elementos”.

El concelleiro de Economía e Facenda de Compostela, Manuel César Vila, señalaba ayer que desde su departamento consideraban que estas ampliaciones no estaban incluídas, ya que el valor catastral no se había movido. “Figúranos que o 9,06% da AP-9 transcorre por Santiago, unha porción igual á que tiñamos antes de ambas modificacións”, apuntaba Vila.

Se trata, no obstante, de una “cuestión moi técnica” y que queda fuera del ámbito de competencia del Gobierno local compostelano. Siendo el Catastro el encargado de realizar esa revisión y actualizar el valor catastral de la infraestructura en el concello en caso de ser necesario.

Las fuentes consultadas por este diario en el registro administrativo dependiente del Ministerio de Hacienda apuntan que tendría que haber sido Fomento quien, tras el acometimiento de las obras, hubiese pedido la actualización en el Catastro.

La cuestión fue tratada también el pasado martes en la reunión mantenida entre los diferentes alcaldes para retirar la bonificación del 95% del IBI a Audasa. La solución llegará a largo plazo pero podría suponer que el montante recibido por estos ayuntamientos, ahora que cobrarán la totalidad del tributo a la concesionaria, sea algo más elevado.