El alcalde de Santiago descarta ir a Fiscalía por la nave de Desproi

El alcalde de Santiago de Compostela, Xosé Sánchez Bugallo, ha defendido la "absoluta diligencia" con la que, dijo, se actuó en el procedimiento de contratación de la nave para la ubicación de los trabajadores de Parques y Jardines. No obstante, ha sugerido que el edil dimisionario, José Manuel Pichel, engañó al resto de los miembros del gobierno local al no informarles de su vinculación con la empresa propietaria de la nave Desproi.

"Desde el punto de vista de la legalidad, en la contratación no hay ningún informe desfavorable", ha defendido el regidor compostelano, en una comparecencia solicitada por el Grupo Popular y en la que su portavoz, José Constenla ironizó con que más que "impecable", el contrato fue "implacable" y confirmó la intención de presentar este caso ante la Fiscalía, lo cual descarta ahora --tras valorarlo-- el gobierno de Bugallo.

O PP ve indicios de que Pichel é “presuntamente un testaferro”

El regidor compostelano ha defendido que "no hubo ningún informe desfavorable" y solo después se advirtió de la "omisión de la función interventora", pero "en ningún momento se cuestiona la validez" de la fórmula. En este sentido, ha asegurado que en la misma situación están "cinco locales sociales" y otros diez en la calle Galeras y que siempre se hicieron así.

En cuanto al conocimiento, Bugallo ha apuntado que el propio Pichel "clarificó cuál era su situación" y en la rueda de prensa que ofreció --para explicar su marcha-- dijo que "ningún" miembro del gobierno "conocía su relación con esta empresa". "Y eso es así", ha corroborado en su comparecencia Bugallo, quien ha dicho que los demás se "ciñeron" al informe de la secretaría general.

"El señor Pichel tomó la decisión que tenía que tomar, que es presentar la dimisión. Desgraciadamente no tomó la decisión que tenía que tomar en el momento en que se planteó esta cuestión, que era haber transparentado su situación, haber informado al resto del gobierno municipal y que, por lo tanto, el gobierno municipal pudiera tomar las decisiones apropiadas con conocimiento de causa", ha señalado en una intervención en la que incidió que él avaló al concejal mientras que "no se demostrara lo contrario" y la documentación luego aportada "desmintió" lo que se conocía inicialmente --y de ahí que luego dimitiese el edil--.

PICHEL Y MILA CASTRO VISITARON LA NAVE

Las miradas en el pleno se dirigieron a la concejala Mila Castro, a quien Bugallo señaló --a preguntas de la oposición-- como parte del grupo que, junto a Pichel y otros tres técnicos del ayuntamiento, visitó la nave. Esta visita fue antes de la reubicación de los trabajadores de ese departamento, que tenían que ser desalojados del edificio de la antigua estación de autobuses compostelana (de lo que la Xunta había avisado varios meses antes y con suficiente antelación).

La visita se hizo de forma previa a la contratación, cuando Pichel todavía tenía participaciones en la empresa, de las cuales se deshizo cuando ya se había aprobado en junta de gobierno la contratación y antes de que el alcalde firmase el contrato con la entidad.

En el pleno, Bugallo fue cuestionado por esta rúbrica y acusado de tener que conocer junto a quién plasmaba su sello personal, pero el regidor dijo que se había limitado a firmar un documento que le dieron, aunque reconoce que hubo "un error". "Claramente hubo un error. A mí me pasaron la firma, yo firmo; no era consciente de lo que había", afirmó.

Otra de las cuestiones sobre la que se pidieron explicaciones fue la razón por la que el expediente final elevado a junta de gobierno, que "obvio" fue aprobado por unanimidad --en palabras de Bugallo--, lo hizo con el aval de Mila Castro (y no Pichel). Sobre ello, el regidor compostelano le quiso restar importancia a que el expediente lo iniciase el edil dimisionario y lo rematase otra compañera y reconoció que "no sabría darles una contestación exacta", pero sugirió que "probablemente porque la propuesta" estaba vinculada con la dirección del área de servicios.

Antes de que el alcalde desvelase que la nave fue visitada por José Manuel Pichel y Mila Castro, la portavoz de Compostela Aberta, María Rozas, había preguntado quién había acudido a conocer las instalaciones, si es que se había hecho, y si quien había acudido no se habría "sorprendido" por el "decorado" interior que "sí" llamó la atención de "muchas trabajadores".

En este punto, Bugallo dirigió su mirada a Mila Castro con expresión de interrogación y ambos mostraron un semblante de no saber a qué se refería la edil, si bien fuentes consultadas por Europa Press han aclarado que esa decoración tiene que ver con campañas vinculadas a organizaciones sindicales que, a su vez, están relacionadas con Desproi.

DOCUMENTACIÓN A LA FISCALÍA

Durante la sesión, Bugallo aclaró que en su día dijo que "valorarían" llevar a la Fiscalía toda la documentación relativa a este expediente, después de que el PP anunciase que lo haría. Sin embargo, a la vista de la documentación, confirmó que "no" tienen "elementos" para elevarlo a la Justicia. "Si el PP quiere llevarlo, está en su derecho", apostilló.

El portavoz popular confirmó la intención de elevar al Ministerio Público toda la documentación de la que dispongan y auguró que, aunque en este pleno la concejala responsable de elevar el contrato a junta de gobierno, Mila Castro, no fue la que dio explicaciones, "igual en otros foros y otros ambientes tendrá que hacerlo".

El concejal popular también puso el acento en las prórrogas del contrato y en que Desproi mantenía deudas con el Ayuntamiento de Santiago, al respecto de lo que Bugallo defendió que el alquiler se pagó en forma de compensación de la deuda. Constenla también denunció la relación de UGT --propietario de Ribaterra, el socio mayoritario de Desproi--.

Bugallo rechazó "lecciones" de los populares, a los que recordó que tuvieron como candidato y luego alcalde a una persona que tenía "deudas" y "no cumplía con las obligaciones fiscales" con el Ayuntamiento, en referencia velada a Gerardo Conde Roa, condenado a una multa de más de medio millón de euros y 24 meses de cárcel que no tuvo que cumplir en prisión, al respecto lo que el actual alcalde manifestó que se "alegraba".

La portavoz del Grupo del BNG, Goretti Sanmartín, ha asegurado que se trata de un tema "verdaderamente grave" que mantiene a la población "conmocionada" y ha ironizado con que "siempre parece que todas las casualidades se juntan" en los mismos casos, mientras que el resto de la población tiene que tener toda la documentación completa y nunca se encuentra con "esas excepciones sin relevancia". Así, ha advertido de que "silenciar la responsabilidad en hechos turbios es lo mismo que mentir".

Por su parte, el exedil del PSOE y ahora no adscrito, Javier Fernández, ha concluido, sobre las palabras del alcalde, que "nada de lo que dice significa nada para nadie". "Si algo es cierto, es por casualidad", ha asegurado, para agregar, a renglón seguido, que "son más fuertes los silencios que las palabras".

"Decidió estar callado hasta el día de hoy y tenía que hacerlo por varios motivos, no solo porque es el alcalde y tiene la responsabilidad última, sino porque usted puso la firma al contrato de alquiler. Puso su firma al lado de la otra que usted bien conocía; no me creo que no se hiciera ninguna pregunta", ha enfatizado, por su parte, María Rozas, quien ha visto que esta situación "va mucho más allá de que Pichel dimitiera" y mantiene las dudas sobre por qué la propuesta del exconcejal acabó cambiando por el camino y fue de Mila Castro.

"Yo no conocía ni el local, ni la empresa ni la firma de quién firmaba por Desproi", ha sentenciado el regidor en un pleno en el que tomó posesión como edil la sustituta de Pichel, Begoña Rodríguez, y se guardó un minuto de silencio.