Denuncia una espera de cuatro años por una licencia para construir un garaje en Marantes

José Antonio Noya adquirió hace cuatro años una casa con finca en el lugar de Agualada, en la parroquia de Marantes (Santiago), y en ese momento lo que menos se imaginaba era que su compra se iba a convertir en su mayor dolor de cabeza, provocado por las consecuencias de que por delante de su propiedad discurre el Camino inglés. El problema, dice, no son los peregrinos, sino las miles de trabas urbanísticas que tiene que afrontar cada vez que pretende hacer una obra en su vivienda. Este vecino de Santiago asegura que lleva cuatro años peleando para conseguir una licencia de obra para construir un pequeño garaje en su finca. 

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Su desesperación es tal que se ha propuesto poner en marcha una plataforma de afectados por la normativa urbanística en el Camino de Santiago, que ya ha presentado en las redes sociales. “No es de recibo, me llevan mareando cuatro años para construir un galpón. He presentado el proyecto del arquitecto y toda la documentación y siempre me piden un papel más, nunca está todo completo; es desesperante”, indica Noya. 

El afectado asegura que esta demora le supone graves perjuicios, puesto que “tengo que tener a la intemperie una maquinaria que podría estar resguardada, y a la vez me obliga a guardar otras máquinas en casa de mis padres, que está en otro ayuntamiento, por lo que tengo que desplazarme constantemente”. 

José Antonio ya no sabe a quién recurrir. Está indignado porque durante el proceso de solicitud de licencia el Concello le pidió que cediese una parte de su finca al viario público por si en un futuro se amplía la pista que pasa por delante de su casa. “Le cedí al Concello mi terreno de forma gratuita e incluso pagué de mi bolsillo la escritura en el notario (la muestra) a cambio de que me concediesen la licencia para construir el garaje en la finca, que es edificable; y aún así nada, me han tomado el pelo”, sostiene el afectado, que ahora se arrepiente de esta cesión, “porque en realidad ese terreno tendrían que expropiármelo y pagarme por él”. 

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Defiende que todas “las vueltas que me dan” con respecto a la concesión de la licencia están provocadas “porque el Camino de Santiago pasa por delante de la casa”.De ahí que se haya planteado poner en marcha una plataforma de afectados. Afirma que “en esta zona hay muchos afectados como yo por la normativa urbanística en torno al Camino de Santiago. Poner una ventana en el rural ahora se ha convertido en un caos de trámites que puede llevar incluso años resolver”, lamenta Noya.

Está dispuesto a todo ante lo que considera una “injusticia” y una muestra de la “ineficacia” de la administración local. Por otro lado, no comprende que el simple hecho de que el Camino discurra cercano a una propiedad pueda suponer semejante inconveniente. “Parece que el Camino es solo para los peregrinos y que ya no se piensa en la gente que vive aquí”, afirma, antes de criticar que no se le den más facilidades a las personas que residen en el rural, cada vez más deshabitado por la falta de servicios públicos básicos.

Pero no solo José Antonio Noya se siente perjudicado por la normativa urbanística en el marco del Camino de Santiago, sino que parroquias como la de Lavacolla están en pie de guerra contra la normativa en materia de urbanismo que se impone por el hecho de que por allí discurre la Ruta Xacobea. El Concello de Santiago inició este verano las conversaciones con los vecinos afectados por el Plan Especial do Camiño de Santiago de cara a negociar la incorporación de sus alegaciones (se presentaron un total de 51, una firmada por 160 vecinos) en la nueva normativa urbanística que afecta a las parroquias de Sabugueira, Bando (San Marcos) y San Lázaro; y que condiciona la concesión de cualquier licencia de obra en el trazado por el que discurre el Camino Francés entre el núcleo urbano de la capital gallega y el Concello de O Pino.

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 La plataforma de afectados que ya se ha constituido en Lavacolla defiende “a paralización inmediata do Plan, posto que xa está ocasionando serios problemas a moitos veciños que ven como as solicitudes de licenza son paralizadas ou directamente rexeitadas porque non se axustan ás novas esixencias”.

“Hai que ter en conta”, apunta, “que para poder facer unha obra agora temos que obter o permiso habitual do Concello e a maiores o do Plan Especial”. También lamenta que “agora cando se quere facer nova construción temos un límite de seis metros de altura, cando antes tiñamos sete”. Así las cosas, exige “que se paralice o Plan e que se empecen a buscar solucións para os problemas que nos está a dar”, porque la nueva normativa “vai máis alá do que dicta a Dirección Xeral de Patrimonio: obriga incluso a derrubar obras que contempla como descontextualizadas na súa contorna. É evidente que para estes casos hai que consensuar coa veciñanza unha solución que sexa boa para todos”.

La comisión vecinal y de afectados por el plan en Lavacolla también sostiene que para desarrollar una normativa urbanística de este tipo se tiene que impulsar de forma paralela “unha dotación orzamentaria que permita aos afectados executar todas aquelas obrigas que implica o cumprimento do Plan Especial”.