Envío generalizado de órdenes de cierre a los propietarios de pisos turísticos de Santiago

Desde el pasado mes de diciembre, los propietarios de pisos turísticos de Santiago están recibiendo notificaciones del Ayuntamiento que instan al cese de la actividad por operar ilegalmente. La medida ha cogido por sorpresa a los dueños de los inmuebles que llevan tiempo esperando a que Raxoi publique una ordenanza en la que en teoría iba a aclarar cuáles eran las condiciones para que los que operaban antes del cambio de las reglas de juego, con la modificación del PXOM, podrían regularizarse. 

El veto a los pisos turísticos llega a 276 calles y va más allá del casco histórico

“Hay días que se reciben hasta 20 notificaciones”, indican fuentes de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia (Aviturga). A mediados de febrero del año pasado, el Gobierno de Sánchez Bugallo modificó el plan urbanístico para poner límites a esta actividad que se había disparado desde la aparición de plataformas como Airbnb. En abril de 2022, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia había dictado ya una sentencia en la que daba razón al Concello en su lucha contra la proliferación de viviendas de uso turístico (VUT) en la ciudad. Para poder operar los propietarios tenían que contar con un título habilitante (la antigua licencia) concedido por el Ayuntamiento. Pero la mayoría desconocía este requisito y pensaba que con estar anotado en el Registro de Empresas y Actividades Turísticas (REAT) que había creado la Xunta era suficiente. En Santiago unas 800 viviendas se encuentran anotadas en este registro, pero solo son decenas las que habían pedido también el permiso municipal para operar.

Las notificaciones que están llegando en los últimos meses van dirigidas a los propietarios que no contaban con la licencia municipal para operar. El expediente les insta a la reposición de la legalidad y les da un plazo de 15 días para alegaciones. No es la primera vez que los propietarios de VUT reciben este tipo de cartas. “Hubo un tema muy masivo que fue en el año 22 a raíz de la sentencia. Después, a medida que se acercaron las elecciones municipales, el tema se calmó y a finales de año volvieron otra vez”, indican fuentes de Aviturga. Muchos dueños también han recibido comunicaciones con amenazas de multas de entre 10.000 y 15.000 euros, pero por el momento el Ayuntamiento de Santiago ha dejado este tema paralizado y no se han impuesto las sanciones.

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Sorpresa

La nueva ofensiva de Raxoi ha cogido por sorpresa a los propietarios de las viviendas de uso turístico. Desde finales del año pasado esperan una norma que les indique exactamente cómo podrían hacer para regularizar su situación. El nuevo texto del plan urbanístico recoge en su artículo 105 la definición de usos preexistentes, como aquellos que efectivamente estaban ya implantados antes del cambio del PXOM. Aclara también que “las posibilidades de usos preexistentes se regularán a través de una ordenanza complementaria”. 

El Gobierno de Goretti Sanmartín había prometido esta ordenanza para finales del año pasado, pero se ha ido retrasando. Desde el Ayuntamiento justifican la tardanza en la necesidad de recabar múltiples informes para poder aprobar la nueva normativa. El PSOE había dejado un borrador de ordenanza, pero Raxoi insiste en que se trataba solo de unas “líneas generales” que no podían aprobarse sin más. 

El indulto

Los socialistas habían prometido ofrecer una especie de indulto a los propietarios de viviendas turísticas que operaban sin la licencia municipal, pero que si en su momento la hubiesen pedido la habrían obtenido. Sería el caso, por ejemplo, de un piso turístico situado en una cuarta planta del Ensanche. Desde el cambio del PXOM, para esa zona de la ciudad solo se dan licencias para VUTs que se sitúen en primeras plantas. Ahora se incumpliría la normativa, pero cuando se abrió el alojamiento sí podría haberse cumplido. Desde el Ejecutivo nacionalista no aclaran si van a mantener esta promesa en la nueva ordenanza. Sobre las notificaciones que están recibiendo los propietarios se limitan a explicar que se pide la “reposición de la legalidad” en pisos turísticos que funcionan “sin autorización”. En un primer momento “se incoa el expediente y después se ordena la suspensión de la legalidad”. 

Dos meses al año

“Nos parece alucinante que se diga que se están tramitando las ordenanzas para los usos preexistentes y que se inicie una campaña masiva de cierre”, censuran desde Aviturga. La asociación lleva tiempo reclamando a Raxoi que publique de una vez la esperada ordenanza para que los propietarios puedan operar con todas las garantías legales. La regularización de los pisos turísticos no podrá llegar a la zona vieja, donde ya habían estado operando ilegalmente dado que el plan especial de protección siempre prohibió este uso. Sin embargo, el PSOE había prometido que en el casco histórico se pudiesen destinar a VUT durante dos meses al año. La idea es que los propietarios pusiesen sus pisos para el alquiler a estudiantes durante el curso y en verano los aprovechasen para los turistas. Pero Raxoi tampoco aclara si se mantendrá esta filosofía en la nueva normativa.

Nueva reunión

Aviturga está a la espera de que el Concello de Santiago los convoque nuevamente para poder abordar la situación. El BNG había prometido a tener un borrador de la ordenanza a finales de 2023 y el concejal Iago Lestegás aseveró el pasado mes de enero a EL CORREO GALLEGO que podría estar listo a mediados de marzo. Los plazos van pasando y fuentes del gobierno municipal justifican la tardanza en la necesidad de tener las suficientes garantías jurídicas para la nueva normativa. 

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