El TSXG rechaza abonar medio millón al criador de visones con covid en A Baña

Los letrados de la Xunta avalan los 141.176 € con los que fue compensado tras sacrificarse 3.100 animales

Desde Matomba Mink Farm, la empresa ubicada en Troitosende, pleitearon por tener que cesar su actividad

Naves para la cría en Troitosende, imagen principal, y entrada de operarios al recinto, abajo izquierda

Naves para la cría en Troitosende, imagen principal, y entrada de operarios al recinto, abajo izquierda / ECG-tvg

El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, TSXG, acaba de echar por tierra el recurso del responsable de la granja de visones de Troitosende, A Baña, en la que se sacrificaron 3.100 ejemplares tras detectarse un brote de covid. Así, dio por buenos los 141.176 € con los que resarcieron al criador de Matomba Mink Farm frente a los 502.687,63 euros que solicitaba. Además, se le imponen costas por un máximo de 1.500 euros en un fallo que es recurrible en casación ante el Tribunal Supremo.

La aparición de positivos por coronavirus entre los mustélidos se convirtió en una bomba, debido a que hasta la fecha solo había trascendido una situación similar en otra granja, pero de Teruel. Ocurría en diciembre de 2020, en pleno ola de contagios, cuando se recabaron allí muestras en 20 visones. Fue el 3 de diciembre, y ocho días después se constataba que cuatro de los ejemplares (sacrificados previamente) habían dado positivo, inmovilizándose la explotación. El 15 de diciembre se realizaba un nuevo muestreo, sacrificándose treinta ejemplares “resultando todos sanos”, un proceso que se repetía el 18 de diciembre, con 90 animales e igual resultado. 

Sin embargo, el 4 de enero de 2021 eran 23 los positivos detectados entre otros 90 ejemplares, por lo que el 22 de enero se ordenaba el sacrificio de la totalidad de la cabaña (entonces ya reducida a 600 machos y 2.500 hembras), incluyendo en el proceso la eliminación de cadáveres, piensos, subproductos y todo lo que pudiera transmitir el virus del covid.

A su vez, el demandante pleiteaba, por un lado, porque no se le abonaron estos 230 animales sacrificados y, según sus cuentas, le corresponderían 206.368 € en concepto de indemnización; 241.920 por lucro cesante; 33.762 € por gastos y 20.636 € de incremento por pertenencia a las agrupaciones de defensa sanitaria ganadera de Galicia. Aduce que, por un lado, que la Administración tomó resoluciones inconstitucionales y que podría haber decretado una cuarentena, además de que, al sacrificarse todos los animales, se le impidió el ejercicio de su actividad y volvió a criar desde cero. 

Ya desde la Xunta, sus letrados le respondían que, por un lado, se había seguido el protocolo y, por otro, que la peligrosidad de mutaciones ya implicó que en países como Dinamarca “se ordenara el sacrificio obligatorio de estos animales”.

Lo que no consta, por lo menos en esta resolución, es quién contagio a los visones. Y tampoco se incide en que, en esas fechas, ya habían perdido la vida más de 50.000 humanos entre la población española.