La comunidad científica de Doñana se planta: "Dejen de engordar más esta absurda guerra"

“Las cosas han ido demasiado lejos”, alertó el científico Miguel Delibes, presidente del Consejo de Participación de Doñana, “posiblemente por un error de cálculo”. La que se considera la voz más autorizada sobre el Parque Nacional alertó de que estamos ante “la mayor crisis social, institucional y política en mucho tiempo” alrededor de la reserva natural. “Detengamos la crispación, evitemos que la bola de nieve siga creciendo”, señaló el biólogo en el Parlamento, con una petición expresa al Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno de que tengan “el coraje político” de retirar una proposición de ley que ha puesto en peligro “la paz social, el futuro de los agricultores y la imagen de marca de Andalucía y España en el mundo”.

“Dejen de engordar más esta absurda guerra”, reclamó, pidiendo altura de miras a todas las administraciones para trabajar de forma conjunta. “Como los magos ustedes nos distraen con algo estrambótico como es declarar terreno de regadío sin agua”, confesó, tras una severa reprimenda, ante los diputados andaluces. "Que en el año 2023 tenga que venir alguien a un Parlamento a explicar lo que es ponerse de acuerdo me abochorna", concluyó.

El presidente del Consejo de Participación de Doñana fue el último en comparecer en la tramitación de la proposición de ley del regadío de Doñana, tras la rectificación del PP, que inicialmente lo había excluido de la lista. Delibes llegó sin citación formal --“Me siento zarandeado”, dijo-- y afeó que se haya excluido a la Estación Biológica de Doñana o a la asociación de agricultores de Almonte, Puerta Doñana, que rechazan la nueva regulación de regadío. Delibes dijo estar “menos enfadado” que cuando compareció hace un año y dijo que no quería “engordar más esta guerra mediática y política que no ayuda nada” pero su intervención fue muy contundente.

“Doñana está seca, sus lagunas desparecen cubiertas de árboles y matorrales. Los acuíferos descienden, se han declarado en riesgo”, describió Delibes, “los agricultores están agobiados porque sus pozos languidecen y les ahogan las multas y las deudas”. Para ellos pidió alternativas: un plan de ayudas para los pequeños agricultores que clausuren sus pozos y balsas, moratorias fiscales, prejubilaciones, soluciones “caso a caso” y “sin armamento político partidista”.

Recta final

La proposición de ley del regadío en el entorno del Parque Nacional de Doñana enfila su recta final en el Parlamento andaluz después de una intensa jornada, más de diez horas, en la que agricultores, alcaldes, empresas, sindicatos, ecologistas y expertos pusieron sobre la mesa sus opiniones e inquietudes. En ocasiones, desde posturas muy enfrentadas. La lista de comparecientes ya nacía de la polémica, puesto que los partidos de la izquierda han denunciado que se han vetado muchas voces que están en contra del texto legal de PP y Vox que regulariza unas 800 hectáreas más de suelo de regadío en la corona norte del Parque.

Una de las únicas advertencias que tuvo unanimidad versó sobre el daño que está haciendo la “batalla política” y la “guerra entre las administraciones” con la agricultura y Doñana. Como Delibes, empresarios, sindicatos y agricultores coincidieron en que la pugna electoral hace daño y pidieron que se frene el enfrentamiento. Ya ha existido una campaña en Alemania que ha pedido la retirada de la fresa de los Huelva de los supermercados. “Cada ‘campañita’ de boicot cuesta al día 2,5 millones de euros”, advirtió el alcalde saliente de Lucena, el independiente Manuel Mora.

100.000 empleos directos, 160.000 empleos indirectos, el 34% de las altas a la Seguridad Social en la provincia de Huelva y el 9% del Valor Añadido Bruto (VAB) del total provincial, resumió el portavoz de Freshuelva, que se ven perjudicados, alertan, por el hecho de que Doñana esté en el centro del enfrentamiento político desde hace varios meses. La patronal fresera cree además que estas campañas están "financiadas" por países con intereses económicos en el sector de los frutos rojos.

Daño reputacional

El daño reputacional es “muy grave”, coincidieron todas las partes. Los sindicatos CCOO y UGT pidieron que se retire la proposición de ley en curso, a lo que se sumó la organización agraria COAG. Los agricultores citados, en la misma línea que la mayoría de los alcaldes de los pueblos más afectados, denunciaron que en el plan de ordenación de la fresa de 2014, que permitió regularizar 9.300 de 11.000 hectáreas en la corona norte del Parque, se cometieron “injusticias” y “atropellos” a algunos de los afectados, que vieron como su suelo pasó a ser forestal y no agrícola. Eso es lo que viene a corregir, explica el PP, la nueva proposición de ley.

Esas situaciones “anómalas o injustas”, en palabras de uno de los agricultores afectados, se podrían haber subsanado atendiendo a las alegaciones al plan de la fresa o abriendo una comisión de seguimiento que se preveía en la norma para subsanar errores. Esos mecanismos nunca se utilizaron. Tampoco, alertaron los alcaldes, se han cumplido las inversiones previstas en ese plan. Las quejas por la falta de inversiones hidráulicas, en planes que se remontan a 1994, fueron también un clamor por parte de todos los comparecientes. La falta de alternativas al sector de la fresa fue igualmente motivo de coincidencia: “No hacer nada tampoco es una opción, el plan de la fresa de 2014 ni se ha completado ni se ha desarrollado totalmente”, admitió COAG.

"Criminalizar" al sector

Desde las Cooperativas Agroalimentarias se lamentó que se esté trasladando a las autoridades europeas “un mensaje que criminaliza a un sector honesto como el de los frutos rojos”. Los agricultores defendieron datos como que “el 90% de la fresa está fuera de la zona de influencia” del Parque y “factura más de 1.000 millones de euros, 1.500 millones en exportaciones” que mantienen a “cientos de miles de familia de la provincia”. “Debemos de sacar de la agenda electoral el debate de la fresa porque este choque político está ocasionando una pugna oportunista”, advirtieron.

Desde la organización agraria COAG, lamentaron la falta de transparencia y llamaron a consolidar el regadío existente antes de dar nuevos derechos. Solo cuando estén las obras hidráulicas hechas y los recursos disponibles, advirtieron, tendría sentido que se estudie la posibilidad de nuevos regadíos en la zona. Los detractores de la norma insistieron en la idea de que se generan “falsas expectativas” entre los agricultores “sin que suponga solución ninguna”. Esta organización agraria también alertó de las desigualdades que existe en un sector en el que “el 2,5% de los concesionarios acaparan el 63% de la superficie y el 80% de agua autorizada”, con fondos de inversión y capitales extranjeros detrás de muchos negocios.

Alerta ecologista

La organización ecologista WWF pidió la "retirada" de la proposición de ley alertando de que podría "llegar a legalizar una superficie de hasta 1.900 hectáreas". Los ecologistas denuncian que "ha supuesto la ruptura de la paz social enfrentando a los agricultores y perjudicando a los regantes de frutos rojos de Huelva”. En ese enfrentamiento entre los agricultores de la zona incidió también la alcaldesa de Almonte, que advirtió que la mayor asociación fresa de su pueblo, Puerta Doñana, en contra de la proposición de ley no fue citada a la comisión del Parlamento. Tanto la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que envió un documento donde tildó de “engaño” la iniciativa, como la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera declinaron comparecer. Fuera han quedado también el responsable de la Estación Biológica de Doñana y un representante de la Unesco, ambos organismos en contra de dar más permisos de regadío.