Sindicatos y Justicia reanudan hoy las negociaciones para acabar con la huelga

En la comunidad gallega, como en el resto del territorio nacional, se mantienen las protestas laborales en la administración de Justicia, en lo que es la segunda huelga del año, tras la primera protagonizada por los Letrados judiciales. El comité de huelga de los funcionarios de Justicia y responsables del Ministerio reanudan hoy, lunes, las negociaciones tras los “tímidos avances” alcanzados en la reunión del pasado jueves, en un intento de que el conflicto no vaya a más.

La huelga arrancó el pasado día 17 y llega tras más de dos meses de paro de los Letrados de la Administración de Justicia y una subida salarial para este cuerpo de unos 600 euros al mes –al sumar el acuerdo y otra subida previa–, por lo que los sindicatos de la mesa sectorial han demandado con la huelga extender las mejoras a todo el funcionariado.

Los funcionarios paran la Justicia hasta lograr arrancar al ministerio una subida salarial

El pasado jueves se sentaron a la mesa los negociadores por primera vez para intentar desbloquear el conflicto laboral que da lugar a esta huelga indefinida en busca de una subida salarial “en línea” con la de los Letrados de la Administración de Justicia. Recordemos que en Galicia esta primera huelga obligó a la paralización de más de diez mil casos judiciales. La actual está teniendo una menor incidencia.

“Hoy esperamos que el Gobierno presente una oferta económica concreta”, apuntaron ayer los sindicatos convocantes del paro en un comunicado. En concreto, está previsto que se vuelvan a reunir en la sede del Ministerio en Madrid a las 12.30 horas. Por parte del comité de huelga acudirán los representantes de CSIF, STAJ, CCOO y UGT; y por parte de Justicia, un equipo liderado por el secretario general de Innovación, Manuel Olmedo.

Los sindicatos reclaman una subida salarial en línea con la aprobada para los LAJ, que consiguieron un incremento de hasta 600 euros al mes. Asimismo, instan a paralizar la Ley Orgánica de Eficiencia Organizativa porque –a su juicio– impone nuevas condiciones laborales sin previa negociación. Y, además, solicitan una “redefinición” de las funciones de los empleados públicos de la Administración de Justicia. “Estamos hartos de hacer funciones que no nos corresponden. Queremos que esas funciones se reconozcan de una vez por todas”.