La prensa debe ser respetada

AYER CELEBRAMOS el Día Mundial de la Libertad de Prensa. La conmemoración llegó cargada de polémica y “reflexión” debido a la carta publicada por Pedro Sánchez con motivo de su retiro público y cierre de agenda oficial durante cinco días. Aunque comprensiva con la vertiente humana de su bajón personal, una parte de la sociedad no termina de entender la obsesión del presidente con los medios de comunicación. Ni siquiera atendiendo a la peculiar denuncia presentada por Manos Limpias contra su mujer y la apertura de diligencias a partir de los artículos y las informaciones aparecidas en los medios, que podrían apuntar a un posible conflicto de intereses o tráfico de influencias. Nada de ello justifica que Sánchez cargue el peso de la culpa sobre la prensa, pues ello podría dar a entender un cierto ánimo de narcotización o coacción sobre la misma. Y esa actitud no se correspondería con la “regeneración democrática” que el presidente reivindica, sino con una especie de “degeneración democrática” que él, seguro, no desea.

La libertad de expresión y, por tanto, de pensamientos, ideas y opiniones, está consagrada y protegida por la propia Constitución Española (CE) en su artículo 20. Sin embargo, la “libertad de difamación” a la que alude Sánchez no aparece en ninguna disposición legal ni en ningún manual de estilo. Y si alguien pretendiese imponerla, existe un límite legal civil y penal para sancionar calumnias e injurias. Ahí están el Código Penal (arts. 205 a 216, etc.) y el propio artículo 18.1 de la CE, que garantizan el derecho al honor y a la intimidad. Si las informaciones sobre las actividades de su esposa son falsedades o difamaciones, para eso están las querellas y los juzgados: para corregirlas, enmendarlas y castigarlas como delitos, y hasta con penas de cárcel. El propio Sánchez cuenta con los recursos para comparecer y desmentir en sede parlamentaria o ante los medios lo que considere oportuno.

El presidente habla de “pseudomedios”, pero no dice a cuáles se refiere. Lo digo porque las informaciones que afectan a su pareja y familiares las hemos podido leer en las once principales cabeceras del país (lo cual es lógico; lo contrario sería atípico); unas con investigaciones propias, y otras haciéndose eco de las mismas. ¿Acaso son éstas las “páginas web” a las que se refiere Sánchez? No lo creo, pues en estos periódicos, algunos de ellos digitales, trabajan periodistas de reconocido prestigio, que conocen el oficio y atesoran trayectorias profesionales consolidadas. Dijo el presidente en TVE que “hay que reivindicar la información como un servicio público”; pero, sin embargo, como le recordó la presentadora Marta Carazo, no aceptó ni periodistas ni preguntas en su “declaración institucional” (lo que antes se hacía a modo de “rueda de prensa”) posterior al parón para reflexionar. Por no haber no hubo ni cámaras en la “comparecencia” tras los cinco días en los que tuvo a todo un país en vilo.

Por eso Sánchez debe concretar su “plan de regeneración”, que sólo entenderíamos si se tratase de una regulación más transparente de la financiación y la publicidad institucional en los medios, o de crear consejos incluso audiovisuales plurales que velasen por la integridad y la objetividad informativa, y contra la desinformación. Lo contrario suena a censura y silenciamiento de la prensa; actitudes impropias de una democracia, cuyo daño conocemos por su impacto en regímenes como el venezolano o el ruso. Es más, si cargásemos contra la prensa, estaríamos cayendo en la tentación “trumpista” de despreciar a cualquier medio que no resultase afín a los intereses del gobierno de turno, o de su amado líder.