Alfonso Rueda asegura que “tiene muchas objeciones” al texto legal

La última palabra para que en las zonas tensionadas se establezca un tope a la subida del alquiler la tienen las comunidades autónomas. Son ellas las que podrán declararlas. Nada más conocerse el pacto entre el Gobierno de coalición con ERC y EH Bildu, la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ya dejó claro que no va aplicar la ley de vivienda donde no sea obligatorio y además, una vez aprobada, tiene intención de recurrir el texto en los tribunales. El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró ayer más cauto, pero sí dejó claro que “tenemos muchas objeciones” con respecto a su contenido. Preguntado en el Consello de la Xunta sobre la intención del Gobierno gallego para declarar las zonas tensionadas, Rueda aseguró que la ley “tiene muchas cosas que corregir”. El presidente gallego explicó que la conselleira Ángeles Vázquez va a convocar al Observatorio de Vivenda. En la cita, que figura en la agenda de hoy, se analizará el texto con el sector gallego. “Después tomaremos las decisiones sobre nuestra postura sobre la ley de vivienda”, subrayó Rueda, quien de momento no aclara si la comunidad va a usar la nueva fórmula para intentar frenar el ascenso de los precios del alquiler. En Santiago, el año volvió a empezar con incrementos. Según el portal inmobiliario Fotocasa, en el primer trimestre de 2023 los precios de la vivienda en alquiler se encarecieron un 3,4 % con respecto al cierre de 2022. Si la comparativa se hace con el mismo período del ejercicio anterior la subida alcanza ya el 9,7 %. El metro cuadrado alcanza en Compostela los 8,80 euros al mes, por encima de la media gallega. Esto supone que un piso de 75 metros de media costaría unos 660 euros mensuales. El presidente de la Xunta también se pronunció sobre la propuesta del Gobierno de destinar a alquiler social las viviendas de la Sareb (el conocido banco malo al que se trasladaron los activos inmobiliarios de las entidades financieras tras la crisis del ladrillo). Rueda aseguró que la Sareb ha explicado que cuenta únicamente con 42 viviendas disponibles en Galicia para ser adquiridas por la administración de cara a su inclusión dentro de la oferta de alquiler público y que, de ellas, “sólo una” se ubica en alguna de las siete ciudades gallegas. A preguntas de los medios afirmó que los datos del parque de viviendas del conocido como ‘banco malo’ fueron trasladados a la Administración gallega por la propia Sareb hace “escasos días”. Subrayó, además, que las cifra contrastan con las 1.285 señaladas por el Gobierno central tras el anuncio realizado por el jefe del Ejecutivo estatal, Pedro Sánchez. “Esta es la realidad”, aseveró Rueda, antes de apuntar que también hay que “ver” el “estado” en el que se encuentran las casas, sus condiciones de habitabilidad, “si realmente están disponibles”, su emplazamiento o la posibilidad de que requieran ser reformadas.