Sanmartín en Madrid: deberá convencer al Gobierno para construir vivienda protegida

Después de ocho meses de negociaciones infructuosas con la Sareb, la alcaldesa de Santiago intentará este viernes convencer al Gobierno central para que los propietarios de la parcela del antiguo colegio Peleteiro vuelvan a modificar su proyecto de urbanización. El Concello no tira la toalla para que vuelva a incluirse vivienda protegida en el futuro edificio.

El pasado 19 de abril, Goretti Sanmartín se reunía con los integrantes de la comisión mixta sobre Peleteiro, integrada por los grupos de la Corporación local y el asociacionismo vecinal, social y comercial de la zona. Tras el encuentro anunciaba que este viernes 10 de mayo viajaría a Madrid para mantener reuniones con los ministerios de Economía y Vivienda. La intención, explicó, es convencerlos de que se cambien los usos de la parcela para lograr una menor edificabilidad y que se prime el uso residencial. “Es decir, más vivienda y menos locales comerciales”, resumió la alcaldesa.

La Sareb rechaza cambiar su proyecto para la finca del Peleteiro y no construirá vivienda protegida

Las asociaciones de comerciantes apoyan el intento de Sanmartín, pero no tienen muchas esperanzas de que la Sareb vaya a cambiar de idea. José Manuel Seijas, presidente de Punto Compostela, precisa que está a favor de que en la zona se construya algo de vivienda protegida, pero no que el 100% de los pisos tengan esta categoría. “Una parte de vivienda protegida y otra libre nos gustaría más que el proyecto actual”, apunta también Delmiro Prieto, de Santiago Centro.

La Sareb es una sociedad anónima creada en 2012 a la que se derivaron todos los activos inmobiliarios tóxicos tras el rescate a la banca. Actualmente, su capital es mixto, el 50,14% pertenece al Estado pero el resto está participado por diferentes entidades bancarias como el Santander (22, 21% del capital); CaixaBank (12,24%) y Sabadell (6,61%), entre otros.

Fuentes de la Sareb han explicado a EL CORREO GALLEGO que están dispuestos a modificar algo el proyecto actual siempre que no afecte a la superficie edificable. Recuerdan que el mandato de la sociedad es intentar sacar rendimiento económico a sus activos para intentar recuperar parte del dinero público que se inyectó a la banca tras la crisis económica desatada en el año 2008 tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Recuerdan que ya se han frustrado dos acuerdos anteriores por falta de pacto entre los políticos municipales y que llevan ocho años tratando de sacar adelante la edificación de la parcela.