El Constitucional admite a trámite el recurso del Gobierno contra la ley gallega del litoral

El Tribunal Constitucional (TC) admitió ayer a trámite el recurso presentado por el Gobierno central contra la ley de ordenación y gestión integral del litoral de Galicia. Una admisión que lleva aparejada la suspensión parcial de su aplicación, en concreto de 31 artículos, lo que supone el 40% del escrito.

La norma, que contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión de espacio marítimo terrestre, se aprobó en la Cámara autonómica el pasado mes de julio con los votos a favor de la bancada del Partido Popular y con la abstención del BNG y PSdeG.

La problemática parte de que el Ejecutivo central sostiene que la ley gallega “se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre”, hasta el punto de incorporar “de manera unilateral” el mar al territorio de la autonomía. “Las comunidades pueden ir más allá en la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas”, remarcaba el pasado 10 de octubre la ministra portavoz del Gobierno estatal, Isabel Rodríguez. Así, el gobierno también aduce que la norma “reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar”.

Según Moncloa los problemas de constitucionalidad que presenta el articulo de esta ley autonómica podrían vulnerar las competencias del Estado sobre el procedimiento administrativo común, la legislación básica sobre contratos y concesiones administrativas, pesca marítima, marina mercante y competencia sobre medio ambiente. Así, en su momento Rodríguez señaló que cuentan “con el aval del Consejo de Estado” que emitió un informe el pasado 10 de septiembre en este sentido.

En el otro lado de la balanza, el gobierno de la Xunta, con el popular Alfonso Rueda a la cabeza, defiende que dichas competencias están definidas en el Estatuto de Autonomía y, en días posteriores a conocerse el recurso, tachó de “broma” esta decisión del Gobierno. “No entendemos ni nos gusta”, denunció a principios de octubre el líder de los populares en Galicia, que también acusó al Ejecutivo central de tomar esta decisión “sin ninguna comunicación previa” a la Xunta.

La ley queda en suspenso

El Constitucional deberá ahora estudiar a fondo este asunto y, entre tanto, se mantendrá en suspenso tanto la vigencia como la aplicación de los preceptos impugnados, desde la fecha de interposición del recurso (11 de octubre de este mismo año) para las partes y desde el día en que aparezca publicada la suspensión en BOE para terceras personas.

Además, el Tribunal Constitucional ya admitió la pasada semana a trámite el recurso del Gobierno central contra dos artículos y la disposición transitoria primera de la ley gallega de acompañamiento a los presupuestos de la Xunta para 2023, suspendiendo así los artículos relativos a la normativa de costas. Y es que el Gobierno alega que podrían vulnerar las competencias del Estado para la determinación del régimen jurídico y la legislación básica en materia de protección del medio ambiente litoral.