La inflación elevará en torno a los 450 euros el gasto de la vuelta a las aulas por alumno

Fanpa Compostela insiste en que debe ser la administración la que cubra todo el desembolso que implica la enseñanza pública obligatoria, incluyendo libros de texto, material escolar y salidas formativas de los estudiantes

A menos de un mes para el inicio del nuevo curso escolar, las librerías ya tienen en sus estantes los libros de texto de 2023-2024

A menos de un mes para el inicio del nuevo curso escolar, las librerías ya tienen en sus estantes los libros de texto de 2023-2024 / Jesús Prieto

Con la inflación disparada y la consiguiente pérdida de poder adquisitivo por parte de las familias, los preparativos escolares para el 11 de septiembre –fecha en la que este curso comienzan oficialmente las clases en los centros de enseñanza pública de Infantil, Primaria, ESO y Bachillerato de la capital gallega–, se presentan como una empinada y temida cuesta en la que todo apunta a que se superarán con creces los 405,01 de media por alumno que hubo que desembolsar en la campaña pasada, según datos de Statista, puesto que un estudio de Idealo los eleva en esta ocasión hasta los 449 euros, de los que la mayor parte es para los libros de texto, en torno a 309 euros, mientras a papelería se destinan 48 euros.

Una escalada que cada vez preocupa más a las familias, que ven resignadas cómo ese incremento no toca techo y en algunos casos les supone verdaderos quebraderos de cabeza, y ante la que la Federación de Anpas Compostela insiste en una histórica reivindicación por parte de este colectivo, la necesidad de que “todos os gastos da etapa escolar obrigatoria no ensino público deberían estar cubertos pola administración”, según asegura su presidenta, Esther Martínez.

Convencida de que el gasto de la vuelta a las aulas volverá a elevar este curso su cuantía porque “do mesmo xeito que subiu todo no día a día, todo o que implica material escolar, servizos complementarios ou actividades extraescolares, principalmente en Primaria, que tampouco son gratuitas”, supondrá un desembolso aún mayor que el del último año.

Y teniendo en cuenta que se trata de la etapa de enseñanza obligatoria, recuerda que el organismo al que representa lleva mucho tiempo reclamando “que os libros de texto ou o material didáctico equivalente, que non teñen porque ser só libros de texto, estiveran plenamente cubertos pola administración, tanto no caso de familias cunha posición económica máis débil como no resto, o ensino público debería ser gratuíto”

Esther Martínez aclara que en esa reivindicación incluyen también “as saídas, que é outro tema que se vai encarecendo ao longo do curso e que son tamén parte da súa formación, polo que deberan estar cubertas pola administración, sen facer diferencias porque o ensino público é un servizo público que ten que ser universal, e despois cada familia xa pagará cos seus impostos en función da renda da que dispoña”.

Una demanda histórica que asegura no solo lleva poniendo encima de la mesa Fanpa Compostela sino todas las asociaciones de familias de alumnos de Galicia, y aunque admite que hay ayudas para material, para comedor o becas para cubrir determinados gastos, entiende que no es el modelo que ellos defienden porque son ayudas que cubren gastos derivados de la enseñanza, sobre todo costes de material, pero cree que “a administración debería facer que os centros teñan recursos económicos suficientes para que ese material fose facilitado polos propios centros, pola Consellería de Educación, e debe facelo, así como as saídas”. “Eses gastos -insiste- deberían estar cubertos” por la administración.

En cuanto a la inversión que las familias compostelanas tendrán que hacer con la vuelta al cole de sus hijos este septiembre, explica que será mayor que en el curso pasado porque el precio del material escolar ha seguido subiendo y, aunque para algunos alumnos los libros de texto son gratuitos, no de todas las materias, ya que algunos no están cubiertos por ninguna ayuda.

A todo ello se suman las cuantías que deben invertir los padres en ordenadores, “outro gasto que teñen que sufragar as familias e que debería estar cuberto pola administración, posto que son equipos que forman parte do material escolar”, así como la compra de ropa aunque en la pública no haya uniformes.

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Critican que se redujera el plazo para avisar de que un estudiante faltaría al servicio sin que se le cobre por él

Conscientes de que el pliego de condiciones del contrato sobre el servicio de comedores escolares en la capital gallega está en vigor hasta el año 2024, con lo que no se verá modificado sustancialmente, desde la Federación de Anpas Compostela su presidenta, Esther Martínez, espera que sí se puedan mejorar para el próximo curso algunos aspectos que las familias consideran importantes dentro del funcionamiento diario del servicio.

En conversación con este periódico, adelanta que la junta directiva de la federación tiene previsto mantener una reunión a principios de septiembre con la concejala de Educación, Míriam Louzao, sobre el tema de los comedores escolares en la red de colegios públicos de la capital gallega.

En dicho encuentro, aunque no podrá haber modificaciones importantes por el contrato en vigor, asegura que sí que le plantearán a la responsable de Educación en el Ayuntamiento compostelano, “porque foi unha reclamación por parte das familias”, la posibilidad de que se revisen los plazos de los que disponen para avisar con antelación de que un escolar va a faltar al servicio de comedor sin que se le cobre dicho servicio, puesto que asegura que “nos últimos meses, creo que debeu ser por maio, modificáronse eses prazos e reduciuse o tempo que as familias tiñan para avisar de que o seu fillo ía faltar” en determinada jornada al comedor.

Recalca que la decisión sobre acortar esos plazos fue algo que se tomó sin tener en cuenta a las familias en ese momento del curso, y que hasta ahora no han recibido ninguna justificación sobre los motivos por los que se llevó a cabo.

E insiste, además, en que difícilmente se pueden cumplir esos plazos que se han marcado ahora cuando un hijo se pone enfermo de repente y no puede acudir a clase, puesto que es imposible saberlo con la antelación que se les reclama a los padres de los alumnos.

Considera, en cualquier caso, que se trata de una medida que perjudica a las familias de los escolares compostelanos y, aunque entiende que pueden verse como cuestiones menores con respecto a otras también relacionadas con los comedores escolares, sí que es algo que les afecta de lleno.

En ese encuentro con Míriam Louzao, Esther Martínez señala que pese a que la gestión del servicio está cerrada hasta el próximo año, entiende que sí que podrán “abordar coa concelleira algunhas opcións para que podamos conseguir un servizo de comedor escolar máis acorde coas necesidades das familias”.

Un servicio sobre el que en anteriores ocasiones la federación ha puesto también el acento en la calidad de la alimentación, que se prioricen los productos de proximidad, con proveedores locales, apostando por un modelo más sostenible, en el que puedan participar las propias familias.