Raxoi no recurrirá el derribo de la gasolinera de Brandía que aún puede tardar en materializarse

La empresa podría pedir al Concello que sufrague la demolición que cifró en 1,5 millones

Satisfacción vecinal por la sentencia

La gasolinera de Brandía está terminada pero nunca se ha puesto en funcionamiento

La gasolinera de Brandía está terminada pero nunca se ha puesto en funcionamiento / jesús prieto

Tras años de lucha, los habitantes de las 132 casas de la urbanización de Brandía mostraron ayer su satisfacción con la sentencia del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) que anula la licencia de la gasolinera. La justicia ordena también el derribo de la infraestructura, pero esta aún podría tardar en materializarse y suponer un menoscabo para las arcas municipales. Por el momento, la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, confirmó este jueves que Raxoi no tiene intención de recurrir el fallo en casación. “Esos recursos están basados en cuestiones administrativas de ciertos procedimientos que no se dan” en este caso, subrayó.

Aún podrían recurrir tanto la empresa que promueve la gasolinera y el centro comercial, Carburantes Lugo, como el Colegio de Arquitectos, que ya habían mostrado su desacuerdo con la sentencia en primera instancia que acaba de ratificar el TSXG. Por este motivo, Sanmartín explicó que el Concello está esperando a que se confirme “definitivamente” el fallo judicial para luego ver qué pasos se darán, una cuestión que, añadió, ya está estudiando la “asesoría jurídica”.

El coste del derribo

La principal duda es quién asumirá el coste del derribo. Alba Nogueira, portavoz de los vecinos de la urbanización de Brandía, explica que Carburantes Lugo había cifrado en el pasado en 1,5 millones de euros el coste. La cifra, en su opinión, es exagerada dado que “toda la instalación apenas llegó a los 300.00 euros”. Sea cual sea el coste final, la empresa podría reclamar al Concello una compensación por conceder la licencia que ahora se considera ilegal. El TSXG entiende que el proyecto tenía que haber sido redactado por un ingeniero industrial y no por una arquitecta y un ingeniero técnico industrial.

“Ahora falta la decisión jurídica de quién paga la demolición, lo más probable es que sea toda la ciudadanía”, lamenta Nogueira. Para los vecinos, “es una satisfacción” que se ordene el derribo de “una instalación peligrosa situada apenas a cinco metros de algunas viviendas”, pero asumen que aún tardarán en ver la zona sin la gasolinera, que ya está construida pero nunca inició su actividad. Nogueira se muestra muy crítica con la actitud del anterior gobierno local y acusa a Sánchez Bugallo de recurrir el primer fallo que anulaba la licencia, pese a existir “informes de la asesoría jurídica municipal” que ya no lo recomendaba.

La actual alcaldesa celebró este jueves la decisión del TSXG. “Nosotros nunca defendimos que ahí pudiese haber una gasolinera al lado de una urbanización, entedemos que no era lógico y entendemos que la justicia hace su trabajo en este caso”, subrayó Sanmartín. La regidora del BNG reconoció que la asesoría jurídica está estudiando el posible impacto económico de la sentencia en el Concello de Santiago. “Aún no está encima de la mesam veremos si existe algún recurso o no y una vez que eso esté confirmado miraremos cuál es el procedimiento”, señaló tras ser preguntada por los medios en el acto de inauguración del VII Congreso Galeusca Historia, organizado polo Grupo de Investigación Histagra.