Defensor del Paciente pide a Fiscalía que investigue si la Xunta "pone en grave riesgo" a enfermas de cáncer

Defensor del Paciente reacciona tras la denuncia de los Pacientes oncológicos del CHUS. La asociación ha solicitado este martes a la Fiscalía de Galicia abrir una investigación para determinar si la Xunta "pone en grave riesgo a mujeres con patologías oncológicas" por la demora en la atención médica en un "supuesto intento de ahorrar dinero". En una carta dirigida el fiscal superior de Galicia, Fernando Suanzes, cuyo contenido ha sido facilitado a los medios de comunicación, la citada asociación advierte de la "gravedad" del asunto y le pide investigar de oficio a la Xunta por una presunta "dejación de funciones" hacia pacientes, principalmente mujeres, que "no están enfermas por capricho".

Una asociación de pacientes y usuarios del Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela (CHUS) denunció este lunes la demora de varios meses para citas de revisión médica a pacientes sometidas a tratamiento oncológico, lo que les genera una enorme incertidumbre, particularmente por temor a reincidencia de esa grave enfermedad.

Pacientes oncológicos del CHUS afirman que la situación es límite: “Sigo sin cita desde diciembre”

La presidenta de Defensor del Paciente, Carmen Flores, cuestiona "cómo es posible que se intente ahorrar en dinero y se ponga la vida de las mujeres en peligro habiendo un protocolo de obligado cumplimiento", y advierte de que "la prevención es vital para salvar vidas". Apunta que el número de pacientes que reclama una cita médica con un especialista para el seguimiento de su tratamiento de cáncer es "brutal" y crítica la demora en la respuesta en centros médicos gallegos, lo que constituye "un problema grave" por la "falta de prevención y seguimiento" de la Xunta.

Por ello, invita al fiscal general de Galicia a investigar ese asunto, con especial énfasis un posible "delito de dejación de funciones y de poner en grave riesgo la vida de las personas" por parte de las autoridades sanitarias, en lo que el Defensor del Paciente cree que podría constituir también un "abuso de poder". En ese sentido, subraya en el comunicado que el Código Penal prevé que "el funcionario público que, abusando de sus atribuciones, comete u ordena, en perjuicio de alguien, un acto arbitrario cualquiera, será reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos años".

El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, que hasta hace apenas un mes era el jefe de servicio de oncología radioterápica del hospital compostelano auguró ayer una solución en un "plazo breve" para este problema e insistió en que los retrasos únicamente se han producido en citas de "revisión de pacientes, curados la mayoría" y no en pacientes con la enfermedad activa.

Según el responsable de la sanidad gallega es preciso repensar "cómo manejar ese tipo de consultas de largos supervivientes en todos los hospitales de Galicia", dado que la problemática es similar en todos los puntos del territorio, y que atribuyó "al éxito de la medicina", dado que "cada vez viven más pacientes" y siguen necesitando consultas y revisiones. "A lo mejor es que no estamos todavía preparados para asumir ese éxito", señaló.