El Gobierno central recurre la reciente ley del litoral gallega por invadir competencias del Estado

La ley gallega del litoral, aprobada hace poco más de tres meses en la Cámara autonómica, se suspenderá las próximas semanas. El Consejo de Ministros anunció este martes que el Gobierno interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra esta norma por entender que invade competencias estatales en distintos ámbitos. Un recurso que fuentes de la Xunta critican porque, además, se esperó “hasta el último momento" para darlo a conocer, puesto que el plazo de presentación expiraba este viernes.

La portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, explicó durante la rueda de prensa posterior al Consejo, que se trata de un recurso “muy amplio porque impugna hasta 31 artículos de esta ley”, compuesta por un total de 73, lo que “supone un 40% de la misma”. En este sentido, la ministra de Política Territorial trasladó que el objetivo es “declarar inconstitucional todos estos artículos, en su mayoría, con el aval del Consejo de Estado”. Así, defendió esta decisión contra una de las leyes más controvertidas de la legislatura gallega señalando que es “obligación” del Gobierno central “velar y defender el cumplimiento de la Constitución en todo el territorio, también en Galicia”, y añadió que el dictamen del Consejo de Estado fue emitido el pasado 21 de septiembre. 

Moncloa recurre directamente al TC sin abrir previamente una negociación con el Gobierno autonómico. Lo hace, además, invocando el artículo 161.2 de la Constitución, lo que significa que esos 31 artículos impugnados están automáticamente suspendidos de aplicación durante un periodo máximo cinco meses, en los que el TC tendrá que decidir si finalmente levanta la inhabilitación o la ratifica.

“Las comunidades pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca a menos en la protección de sus costas”

Isabel Rodríguez

— Ministra de Política Territorial

La ley de ordenación y gestión integrada del litoral en Galicia se aprobó en la Cámara autonómica el pasado mes de julio con los votos a favor de la bancada del Partido Popular y con la abstención del BNG y PSdeG. La norma contempla la asunción por parte de la Xunta de las competencias en gestión del espacio marítimo terrestre, que defiende que están definidas en el Estatuto de Autonomía y que el Gobierno gallego quiere empezar a ejercer una vez reciba los medios, tanto personales como económicos, de manos de la Administración del Estado. Entre otras cuestiones, regulariza edificaciones e instalaciones existentes ya en la franja costera de la comunidad, entre una cifra que supera las 300 industrias.

Sobre los argumentos jurídicos en los que se fundamenta esta decisión, la ministra portavoz puso de relieve que la ley gallega, “y no existe ninguna duda” en torno a ello en el dictamen, se apropia de competencias exclusivas del Estado para regular el régimen jurídico del dominio público marítimo terrestre”. “Hay reiterada doctrina del Tribunal Constitucional al respecto”, recalcó.

Otro de los argumentos aportados por el Ejecutivo central para justificar esta decisión es que la norma “incorpora de manera unilateral el mar al territorio de la comunidad autónoma de Galicia” y “reduce la protección de los terrenos contiguos a la ribera del mar”. “Las comunidades autónomas pueden ir más allá de la protección del litoral, pero nunca ir a menos en la protección de sus costas”, explicó la ministra portavoz. 

Primeras reacciones en el PPdG

Las reacciones en la comunidad acerca de la decisión tomada en Moncloa no se han hecho esperar. “Parece de broma con la que está cayendo con la amnistía”, señaló el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, tras conocer la decisión del Ejecutivo liderado por Pedro Sánchez. “No entendemos ni nos gusta”, denunció el líder de los populares en Galicia. Así las cosas, acusó al Ejecutivo central de tomar esta decisión “sin ninguna comunicación previa” a la Xunta y en base a un dictamen del Consejo de Estado que no conocen, además de hacerlo en el límite para poder recurrirlo.

En declaraciones a los medios tras una reunión con el ministro de Industria, Rueda aseveró que “no es una ley política”, sino una norma “de gestión de algo tan importante como la costa”, de forma que carga contra los argumentos del Gobierno central de “salvaguardar” la ley en todo el territorio.

También se pronunció acerca de esta decisión, que tumba una de las leyes más ambiciosas de esta legislatura en la Xunta, la secretaria general de los populares en la comunidad gallega, Paula Prado: “Es un nuevo ataque del Gobierno central a Galicia”. Prado insistió en que este recurso es “una mala noticia para Galicia y para las más de 400 industrias que dependen de esa gestión”.

La diputada fue, además, un paso más allá que Rueda y acusó al PSdeG de “ser cómplice”. También tuvo palabras en este asunto para el BNG, al que pidió que “alce la voz”. Y es que el diputado del Bloque en el Congreso Néstor Rego mantuvo ayer un encuentro con Pedro Sánchez, algo que, en palabras de Prado, era una oportunidad para “decirle que no y no ponerle la alfombra roja para la investidura”.