Nueve edificaciones ilegales fueron demolidas en el cinturón de Compostela en el año 2023

La piqueta sigue actuando sobre las edificaciones construidas al margen de la legalidad. En 2023, la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (APLU), adscrita a la Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda, certificó la demolición de un total de 53 viviendas o estructuras auxiliares, de las cuales 9 se ubicaban en el cinturón de Compostela, concretamente en los concellos de Carballo, Silleda, A Estrada, Camariñas (2), Dodro, Santiago de Compostela, Cabana de Bergantiños y Porto do Son.

La mayoría eran edificaciones de uso residencial construidas en suelo rústico. Así, en Silleda se demolió la base de hormigón y se retiró una vivienda prefabricada, mientras que en A Estrada, Porto do Son y Camariñas fueron derribadas tres vivienda unifamiliares. En el municipio de Santiago también fue retirada una casa móvil y en Dodro y Cabana de Bergantiños la piqueta echó abajo sendas estructuras de inmuebles residenciales.

En el concello camariñano fue demolida una estructura de una vivienda, cerrada ya en su planta baja, mientras que en Carballo la orden de derribo afectó a un galpón construido en zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo-terrestre. La ubicación en espacios similares a éste fue la causa igualmente de la demolición de edificaciones residenciales y auxiliares en Vilanova de Arousa (2), Cangas (2), Poio, Marín, A Guarda (2), A Illa de Arousa y Miño.

Hay que destacar, no obstante, que la cifra de demoliciones ordenadas por la APLU disminuyó notablemente respecto al año 2022, cuando la piqueta actuó sobre 87 construcciones (34 más) en toda Galicia, y 12 en el cinturón de Compostela (3 más que este año).

En los últimos cinco años, un total de 84 construcciones desaparecieron en las comarcas de Costa da Morte, Barbanza, Compostela y Deza. La mayoría de las ejecuciones de derribo se produjeron en el año 2018, con 53 demoliciones.

Cabe señalar que la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística acumula más de 1.100 inspecciones urbanísticas y más de mil expedientes informativos iniciados. El pasado año abrió 44 procedimientos sancionadores y resolvió un total de 62 expedientes. Otros 35 fueron remitidos al Ministerio Fiscal por presunto delito contra la ordenación del territorio.

La legislación urbanística atribuye a la APLU las competencias en materia de disciplina en suelo rústico sobre todo el territorio gallego, a las que hay que añadir las delegadas por los ayuntamientos adheridos (actualmente son 94). Además la APLU, en virtud de la legislación vigente en materia de costas, tiene competencias específicas sobre servidumbre de protección del dominio público marítimo-terrestre.

La piqueta ‘tumbó’ 12 viviendas ilegales en Costa da Morte, Barbanza, Compostela y Deza en 2022

La referida agencia tiene atribuidas las funciones de inspección y vigilancia urbanística, la acción de reposición de la legalidad, potestad sancionadora, la impugnación de liciencias contrarias al ordenamiento, el asesoramiento a las administraciones públicas y la denuncia ante el Ministerio Fiscal y los órganos de jurisdicción pertinentes de hechos constitutivos de delito.

Los procedimientos de reposición persiguen restaurar la legalidad urbanística y concluyen, o bien con una resolución ordenando la demolición de las obras y la restauración de los terrenos a su estado originario, o bien con la solicitud del título habilitante de naturaleza urbanística en caso de que los inmuebles resulten legalizables.

Por su parte, el procedimiento sancionador contempla infracciones leves, sancionadas con multas de 300 a 6.000 € y como mínimo el 2% del valor de la obras, instalación o actuación realizada; graves, cuya sanción va desde 6.001 a 60.000 € y, como mínimo el 20% del valor; y muy graves, cuyas multas pueden oscilar entre 60.001 y 1.000.000 €, siendo en este caso la cuantía mínima del 30% de la valoración de la obra, los terrenos, edificaciones o actuaciones realizadas.

En caso de proceder voluntariamente a reponer la legalidad, la sanción puede reducirse un 90%.

Los expedientes para reponer los terrenos afectados a su estado originario se redujeron un 40% respecto a 2022

La APLU tramita expedientes de investigación o actuaciones informativas (con carácter general a través de los servicios provinciales), de reposición de la legalidad, sancionadores, de ejecución forzosa (cuando se incumple la resolución de reposición de la legalidad) y de ejecución subsidiaria.

En el último año, los expedientes de reposición de la legalidad se redujeron un 40% respecto al año 2022 en toda Galicia, y un 25% en el ámbito de la comarca de Santiago de Compostela.

En Costa da Morte, actualmente una familia de Arou (Camariñas) intenta buscar una alternativa a la orden de demolición que pesa sobre su vivienda, construida hace más de 30 años, y que fue denunciada por una vecina.

Sus últimas esperanzas están puestas en las gestiones impulsadas desde el Concello de Camariñas y en un recurso de casación interpuesto ante el Tribunal Supremo (de momento sin respuesta).

Cientos de personas se movilizaron en el mes de octubre en solidaridad con los afectados.

En Vimianzo, en 2018 también hubo movilizaciones para intentar evitar, sin éxito, la demolición de una vivienda en Bamiro.