Los propietarios califican de “brindis al sol” el plan para regular las viviendas de uso turístico

La portavoz compostelana de la Asociación de Viviendas Turísticas de Galicia, Estrella Ferreiro, lanza una dura crítica contra el plan para la regulación de este tipo de pisos publicada en el Portal de Transparencia del Concello de Santiago y lo califica de “brindis al sol porque esta corporación municipal no va a aprobar nada, las ordenanzas están sin hacer, sólo hay un esbozo y esto va para largo, no va a salir adelante esta legislatura”.

El cambio en el plan urbanístico aprobado a mediados de febrero no cierra todavía la normativa sobre estas viviendas. El Concello prevé sacar una nueva ordenanza para determinar qué pisos de los que estaban funcionando con anterioridad al 27 de diciembre de 2019, fecha en la que se aprobó su suspensión, serán indultados. Por el momento ha sacado una consulta pública en la que plantea la posibilidad de establecer un límite temporal para esta amnistía.

Ferreiro insiste en que la petición de los más de cien afectados a los que ella representa no reclamaban una ordenanza, sino “una disposición transitoria que contemplara a todos aquellos pisos de uso turístico en funcionamiento a fecha de 2019, a todos los que estuvieran inscritos en el registro de viviendas de uso turístico de la Xunta, aunque parece que al Ayuntamiento este registro le tira del pie”. Recalca, además, que las tramitaciones de las que se está hablando suponen que “los propietarios que ahora no tienen licencia, tampoco la tendrán después”, y hace hincapié en que en muchos casos se trata de personas mayores que recurren a esta vía para completar sus pensiones, “y se encuentran con que, si en el mejor de los casos pueden alquilar sus pisos para uso turístico, no podrán dejar a sus hijos la licencia”.

Desde Aviturga consideran que poner una fecha de caducidad al título habilitante para las viviendas que serán indultadas es una injusticia y frente a lo que contrapone la situación en la que quedan “los hoteles, que sí van a poder seguir pasándose esa licencia, al tratarse de sociedades”.

Ferreiro afirma que “muchos propietarios de estas viviendas se encuentran en unas condiciones muy precarias, algunos han invertido muchísimo dinero en arreglar sus inmuebles en el casco histórico, con todos los condicionantes que existen en esa zona para poder hacer obras, y ahora los dejamos sin ninguna vía por la que salir, pagando hipotecas y sin poder llevar a cabo esta actividad”.

La portavoz compostelana de la asociación explica que su intención es “poder reunirnos a finales de abril con los diferentes partidos con representación municipal para que aclaren cuál es su posición antes de las próximas elecciones municipales y nos informen sobre las medidas que adoptarán en caso de llegar a formar gobierno”. Recuerda que los cambios en el PXOM se aprobaron en tres fases, que las posturas de las formaciones eran dispares, y subraya que “en una mesa debate organizada por el Club Financiero, todos los portavoces de los grupos municipales coincidieron en que había que mejorar las modificaciones, si bien la concejala de Urbanismo señalaba que lo que se había aprobado era lo que habían hecho en Barcelona y estaba funcionando perfectamente, pero nosotros entendemos que Santiago y Barcelona nada tienen que ver entre sí”.

Rechazar clientes

Ferreiro explica que “el año pasado fue tremendo porque tras la pandemia y en la segunda entrega del Año Santo, se encontraron con las órdenes de cierre del Concello, viéndose obligados a rechazar a los clientes que ya les habían contratado, y con multas de Raxoi de 10.000 a 15.000 euros”. Resume su situación como la de “un colectivo muy puteado”, y entiende que “si en Santiago hay setecientos pisos de uso turístico y otros nueve mil están vacíos, el problema es de una pésima gestión de la vivienda” porque, además, “se dice siempre que los turísticos perjudican a las comunidades de vecinos y no consta ni una denuncia, y en los de estudiantes las hay todas las semanas”.

Se muestra también muy crítica con el hecho de que “cualquier vivienda pueda ser alquilada durante dos meses al año a los turistas sin que se les exija nada, porque ni en eso se ponen de acuerdo el alcalde y la concejala”, y entiende que “los requisitos deberían ser iguales para todos, no parece razonable que los visitantes de verano puedan achicharrarse y a nadie le importe, y si lo hacen en cualquier otra época del año, hay que tener hasta un sistema de detección de humos”. Exigen por este motivo desde Aviturga que “las viviendas turísticas tengan los mismos requisitos que las demás, ya que un turista vive igual que el resto de la gente”.