Urbanismo tramita el precintado de Ruta ante la negativa del gerente a cesar la actividad

La Policía Local inspeccionó la madrugada de este miércoles el local e informó de que sigue funcionando pese a no tener licencia municipal

Imagen de la fachada del Ruta66

Imagen de la fachada del Ruta66 / ECG

Pese a estar decretado su cierre, la discoteca Ruta mantiene su actividad, lo que ha quedado demostrado durante una inspección de la Policía Local la madrugada de este miércoles. El establecimiento, ubicado en la compostelana rúa de Curros Enríquez, perdió la licencia de actividad la semana pasada después de que su propietario renunciara expresamente a la misma ante el Concello de Santiago, por lo que desde el pasado viernes ya no podría funcionar.

No obstante, el gerente del local, socio minoritario de la empresa propietaria, se ha negado a acatar esta disposición, anunciando una programación especial para la semana de Carnaval; y manteniendo la actividad hasta este mismo miércoles, cuando la Policía Local pudo comprobar que el local sigue funcionando.

El concejal de Seguridade Cidadá, Gonzalo Muíños, confirmó que el cuerpo municipal ha enviado esta misma mañana un informe al departamento de Urbanismo en el que se da fe del mantenimiento de la actividad, lo que ha puesto en marcha automáticamente el trámite para el precintado del local.

Así lo confirma a este periódico la responsable municipal de Urbanismo, Mercedes Rosón, quien insiste en que la discoteca debería estar cerrada desde la semana pasada, porque ya no tiene licencia de actividad, después de que su propietario, que no es quien está al frente del negocio, haya solicitado explícitamente al Concello la anulación del permiso municipal de actividad.

Lo cierto es que la familia propietaria del establecimiento, fundado hace 53 años, llevaba meses luchando judicialmente para cerrar el establecimiento, una guerra que tuvo que lidiar con el que es gerente del establecimiento, socio con una pequeña participación del negocio. En un momento determinado se rompió la relación y desde entonces se generó un conflicto que se fue enquistando en el transcurso de los años. Para conseguir su propósito, el propietario se vio en la obligación de solicitar la liquidación de la sociedad, un proceso judicializado que se completó a finales del pasado mes de enero, momento en el que ya debería haber cesado la actividad.