Podrán presentarse ofertas para gestionar la residencia donada por Amancio Ortega hasta el 11 de diciembre

La oferta de licitación realizada por la Xunta de Galicia para la gestión de la residencia de mayores donada por Amancio Ortega en la rúa Agustín Sixto Seco de la capital gallega establece un período de recepción de posibles ofertas abierto hasta el próximo 11 de diciembre.

Una licitación en la que se explica que esta convocatoria va dirigida a entidades sociales sin ánimo de lucro que se encarguen del servicio de atención residencial de las 120 plazas para mayores en situación de dependencia de las que dispondrá el inmueble, y lo mismo y con las mismas condiciones para la residencia con la que contará la ciudad de Lugo, también donada por el fundador de Inditex y con igual capacidad.

El contrato se establecerá por un período de 24 meses, renovables por un período máximo de otros 12 meses, quedando establecida la duración máxima en tres años.

En cuanto a la cuantía del presupuesto se estima en un valor de 9.460.800 euros, IVA excluido, para cada una de las residencias.

A falta de que a partir del 11 de diciembre se sepa oficialmente en quién recaerá la gestión de ambos centros residenciales, lo que está claro es que esta responsabilidad no será de la Xunta de forma directa, algo que ha provocado numerosas críticas desde diferentes ámbitos, tanto desde partidos políticos como desde las organizaciones sindicales.

Entre las últimas reacciones, la de la teniente de alcaldesa de Santiago, María Rozas, quien reconoció que el Concello desconocía “que ésta iba a ser la intención de la Xunta”, puesto que “siempre se trasladó que la gestión sería pública”, lo que entiende que sería “el modelo ideal”, según informa Europa Press.

Que “los trabajadores sean funcionarios, del servicio público”, para el gobierno local sería “el modelo”, y así lo trasladará a la consellería “cuando haya la oportunidad”. “Pero entiendo que estamos ante hechos consumados”, lamentó.

UGT también se sumaba a las críticas al igual que la CIG o CCOO, y denunciaba la apuesta de la Xunta “por la vía de la externalización de la prestación del servicio público”.